Una de buitres

A golpe de ratón

Héctor Muñoz. MÁLAGA

Un proyecto de ley de la Consejería de Hacienda y Administración Pública propone, entre otras medidas, el control de los movimientos bancarios de enfermos terminales y sus familiares para evitar la evasión de impuestos.

La Montero no descansa. La nueva consejera de Hacienda y Administración Pública, que viene de ser la de Salud y Bienestar Social, tiene un proyecto de ley para, digamos, asegurarse de que los andaluces que van a palmar no tiren de cuenta bancaria y ―antes de su inevitable óbito― regalen a los hijos el ahorro de toda una vida sin que éstos tengan que pagar el peaje impositivo. Y como ella ya está de vuelta y sabe de enfermos terminales, parece decidida a invertir esos conocimientos en la lucha contra el fraude fiscal. Para ello, necesitará controlar las cuentas de los moribundos y las de sus allegados. Es de suponer que también necesitará la colaboración de los banqueros ―eso está hecho―, y la de los responsables sanitarios que le puedan proporcionar información tan sensible como es la historia clínica de los desgraciados que, previsiblemente, dejarán sus restos entre los vivos y descansarán de una puñetera vez. Todo un despliegue de fundamentos éticos.

El proyecto ha sido admitido a trámite por el Consejo de Gobierno que preside Susana Díaz ―que es la que más sabe de todo esto porque para eso es presidenta―, y es posible adivinar que contará con los votos necesarios ―los de sus socios de IU― para salir adelante. En cualquier caso, Montero va a tener el tiempo suficiente para explicarlo a la opinión pública; dirá que son medidas para controlar la sucesión de las grandes fortunas, de los grandes patrimonios. Lo que no dirá es que, en realidad, lo que va a fastidiar es a toda esa quemada generación de posguerra que, a día de hoy, a lo único que aspira es a dejarle a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos o a sus nietas, veinte o treinta mil eurillos para cuatro compromisos y a tener un declive digno, con cariño y atención.

La atención sanitaria y social que la administración andaluza presta a los ancianos, enfermos crónicos y terminales, es rayana ―aunque lo vistan de seda― al abandono institucional; y los profesionales que los atienden en su hábitat natural, es decir, en los hospitales, entienden perfectamente esta idea. El horizonte se les dibuja durante unos días en un centro privado concertado ―sin  gran aceptación popular, por algo será― o una fundación benéfica, subvencionada o no. Ésta es una parte de la herencia que ha dejado Montero; y si no es suficiente, ahora piensa sacar las túrdigas de los herederos, para saborearlas en una orgía de sangre política.

Pero le van a dar por donde el sol no suele brillar. La picaresca no es española por popular: es española por necesidad. Los dirigentes que ha tenido, y tiene, que sufrir este pueblo alegre, y atormentado a la vez, son los verdaderos pícaros de la historia; en la ley está la trampa: ¿habrá algo más español? Advertidos, los abuelos volverán a sacar los cuartos de las garras del sistema para esconderlos, tras un ladrillo, de las zarpas de muchas monteros, de muchas susanas, de muchos griñanes y de todo tipo de fauna carroñera.

Y mientras tanto, alguien debería preocuparse por la confidencialidad de los datos médicos, para que el poder no termine instalándose en las vísceras de la gente. Sirva, finalmente, este artículo para denunciar la absoluta indefensión que el sistema informático implantado en Andalucía provoca en los ciudadanos, en cuanto a la sagrada confidencialidad de sus problemas de salud. Sepan que es tan fácil conocerlos como pulsar un ratón.