sábado, 2 de noviembre de 2013

MALDITA MERITOCRACIA


Que nadie se rasgue las vestiduras

Héctor Muñoz. MÁLAGA

El día 24 de octubre de 2013 el diario ABC publicaba una noticia sobre el supuesto amaño del examen para optar a una plaza de Facultativo Especialista de Área (FEA) de Farmacia Hospitalaria en el Carlos Haya de Málaga.


Los antecedentes

La resolución de la Dirección Gerencia del hospital, de 7 de junio de 2013, anunciaba la convocatoria pública de dicha plaza, que sería cubierta a tiempo parcial (jornada laboral al 75%) y de forma temporal, con renovaciones mensuales y una duración prevista de un año, siempre dependiendo de la «disponibilidad presupuestaria del centro». En dicho documento se especificaban los requisitos de los aspirantes y el perfil profesional que debían cumplir para adecuarse a las características del puesto[1].

En el listado provisional de aspirantes, publicado el 11 de julio, de catorce candidatos, dos fueron excluidos por no cumplir los plazos o los requisitos burocráticos; junto a esta relación se anunciaba la composición de la Comisión de Evaluación, en la que, entre sus tres vocales, aparecía la directora de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Farmacia del hospital Carlos Haya, Isabel Muñoz Castillo[2]. De los doce admitidos ―nueve mujeres y tres hombres―, la mitad no se presentó, por lo que la pugna se dirimió finalmente entre seis profesionales ―cuatro mujeres y dos hombres.

La resolución definitiva del proceso, publicada en la web del centro el pasado 27 de septiembre, designó ―a propuesta de la comisión― a la aspirante con mayor puntuación en la prueba, María Espinosa Bosch[3].

Por otra parte, el sindicato CSIF afirma en su web que «siempre ha sospechado de la transparencia y la objetividad de las convocatorias por perfil», a las que considera ilegales por no atenerse al pacto de bolsa del SAS; CSIF mantiene que constituyen una manera encubierta de contratación a dedo en el SAS y que  se ajustan a la persona que se quiere colocar.  De hecho, desde 2008 ha impugnado todos estos procesos selectivos[4], incluyendo el que ha originado esta polémica.


El contexto

Nada de lo anterior gozaría de carácter noticioso si no fuera por una serie de elementos: la designada para el puesto es la hija de un directivo del SAS, Juan Manuel Espinosa Almendro, que ha sido director del Plan Andaluz de Alzheimer y ―según noticia publicada en la web del SAS[5] en abril de 2013― «jefe de servicio de Estrategias de Salud y coordinador de las Estrategias de Envejecimiento Activo de la Consejería de Salud y Bienestar Social»; este hecho, por sí mismo, tampoco es decisivo, ya que los hijos de cargos y directivos tienen los mismos derechos ―y obligaciones que el resto de ciudadanos, y pueden ser tan brillantes, académica y profesionalmente, como cualquier otro mortal.

Sin embargo, la filtración de unos correos electrónicos entre la directora de la UGC y la aspirante, supuestamente intercambiados entre ambas con anterioridad a la prueba,  origina la denuncia mediática de ABC[6], de la que también se hacen eco diferentes publicaciones informativas digitales[7]. De dicha correspondencia se desprende una inusual familiaridad entre la vocal de un tribunal y una de las candidatas al puesto ―«Si quieres llámame y hablamos», «Un abrazo», «Muchísimas gracias por todo»―, una propuesta de la examinanda en relación a las preguntas del examen y una aprobación de la jefa con un «Ok, está bien». Y aunque esto ―que goza de innegables visos de veracidad― ya no huele a lavanda, podría ser redimible si los demás aspirantes hubiesen disfrutado de la misma fluidez en la comunicación con su futura jefa, posibilidad desconocida, no imposible pero sí improbable.

Para cerrar el marco contextual de los acontecimientos habrá que tener muy en cuenta el actual clima social, hipersensibilizado contra las prácticas corruptas, y la precariedad laboral de muchos profesionales cualificados; puede que no todos ellos estén dispuestos a evitar atajos de dudosa legalidad, abandonando su mochila de valores éticos en la primera cuneta que se les presente; puede también que los no apadrinados callen para evitar el estigma y, con ello, futuros males mayores.



Las reacciones

La primera de ellas ha sido la del centro hospitalario, que aseguró a ABC que el proceso selectivo se llevó, cómo no, con «total normalidad y transparencia», «ajustándose a la legalidad»; según la fuente del hospital, al día de la fecha no se había recibido ninguna impugnación de la prueba, aunque CSIF afirma que estaba impugnada desde el mes de junio, tras la publicación de la resolución. La directora de la UGC niega orientación alguna de cara al examen a cualquiera de los aspirantes.

El 25 de octubre, tras conocer la noticia, CSIF interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Málaga por posible manipulación de la prueba, prevaricación y tráfico de influencias[8].

En el hospital, inmerso en una pesada atmósfera, mezcla de crispación, resignación y silencio, las reacciones del personal son de lo más variopintas: desde los indignados que llaman a guillotina hasta los más comprensivos y bien pensados, desde los que ni se enteran ni quieren enterarse hasta los que claman por conocer la autoría de la filtración de los correos electrónicos y dar merecido escarmiento por traición y violación de la intimidad personal; para estos, como suele ser costumbre, la cuestión es fulminar al mensajero ―o mensajera.

Comentaba un jefe de servicio, en privado, la torpeza de la responsable de la UGC de Farmacia por usar su correo institucional para comunicaciones personales; el cargo citado niega prácticas de este tipo cuando le ha correspondido decidir en las pruebas por perfiles en las que ha participado como miembro del tribunal. Defiende el procedimiento pero admite cierto sesgo de preferencias en todas las convocatorias, con el único fin de elegir a los mejores para el sistema sanitario público en todas y cada una de las especialidades: «Si eso es corrupción, yo soy un corrupto», llegó a decir. Se puede inferir de sus palabras que lo considera ajustado a ley y que si así no fuere, el sistema estaría podrido, aunque a su juicio no lo esté.

Un miembro de la UGC de Farmacia confesaba días atrás la consternación que la noticia ha provocado en la unidad y la honda preocupación de su jefa, Isabel Muñoz, cuya defensa ya está preparada por los servicios jurídicos. Esta misma fuente afirmaba que las preguntas propuestas eran conocidas por todos los aspirantes y que la filtración de los correos electrónicos ha sido una sucia maniobra, en forma de venganza, de una persona que trabajó tiempo atrás en el servicio y que tuvo algún problema de relación laboral; asegura que en la unidad no tienen dudas de la autoría, al reconocer la caligrafía de la nota escrita a mano publicada por ABC: el 'espionaje' se habría producido en Sevilla, concretamente en el hospital Virgen del Rocío, en el que habrían coincidido la persona delatora con la elegida para la plaza, María Espinosa.


Cargos intermedios: un precedente cercano

En niveles más altos también se cuecen habas. El pasado 27 de junio se publicaba en BOJA la resolución de la Dirección Gerencia del SAS, por la que se convocaba la cobertura del puesto de director de la UGC intercentros de Cirugía General y Digestiva de los hospitales Regional de Málaga Carlos Haya y Universitario Virgen de la Victoria[9], un paso más en la hoja de ruta trazada para la unificación de los dos grandes hospitales de Málaga.

En ese momento, el único aspirante conocido era el director de la UGC de Cirugía General y Digestiva del hospital Carlos Haya, Julio Santoyo; del Hospital Clínico no se conocía candidato, ni se le esperaba, ni llegó a haberlo. A tenor de alguna reunión previa para tratar el tema de la unificación, como la celebrada cuatro meses antes de la resolución ―convocada por el subdirector gerente Terol y con Santoyo como coordinador― la sensación de que la mesa ya estaba puesta para un único comensal adquiría tintes de certeza.

        Es preciso, antes de continuar, acotar dos circunstancias que hacen de este servicio un nudo estratégico de la política sanitaria andaluza: las listas de espera y los trasplantes de órganos (hígado, fundamentalmente, y páncreas). El aumento de aquellas resta votos, la propaganda de los segundos los proporciona; en cuanto a los trasplantes, tan innegable es el servicio que prestan a la sociedad como el prestigio y el poder político que otorgan, sin desmerecer los incentivos económicos que generan, legítimos y mayores a medida que se asciende por la escala jerárquica.

        Pero no todo puede estar bajo control. La aparición de un segundo aspirante, César Ramírez, cirujano del hospital Carlos Haya hasta conseguir plaza en el Virgen del Rocío ―centro al que se incorporó hace unos años tras denegársele una comisión de servicio―, pareció pillar a contrapié a la administración, a juzgar por la demora en proporcionarle documentación imprescindible para la elaboración de su proyecto de gestión. Tanto fue así que dos días hábiles antes de finalizar el plazo legal para presentar la solicitud, Ramírez tuvo que personarse en las oficinas acompañado de notario para levantar acta de requerimiento y notificación. En Sevilla se los habían dado en 24 horas.

Después de ser admitido, reclamó y denunció por cauces administrativos diferentes irregularidades que, a su juicio, se habían producido en la composición de la comisión de evaluación. El 27 de septiembre defendió su proyecto en acto público por ley, con una intervención que, según testimonios de asistentes al mismo, estuvo plagada de interrupciones por parte de altos cargos y no pudo ser grabada por expresa prohibición del equipo de dirección. La resolución definitiva del 30 del mismo mes[10], designaba a Julio Santoyo Santoyo como director de la UGC; actualmente hay interpuesto un recurso de alzada contra dicha resolución, por lo que, de momento, no parece oportuno abundar en otros muchos datos que se tienen al respecto.


El análisis

Hace veinte años y algunos más, cuando no existía tanta escasez de trabajo ni había bolsa específica para los médicos del hospital, las contrataciones se hacían atendiendo al criterio del jefe clínico, que conocía al personal que terminaba su periodo MIR y que no solía errar en la elección de los más capacitados; prácticamente siempre se quedaban los mejores, afirmación avalada por el transcurrir del tiempo y los resultados obtenidos. Como por otro lado, los que no se quedaban no tenían grandes problemas para encontrar trabajo fuera, todos tan contentos. Cada mochuelo a su olivo.

        A finales de los noventa la cosa comenzó a torcerse; la demanda asistencial creciente no se acompañó proporcionalmente de las contrataciones necesarias y el sistema empezó a chirriar. La sanidad andaluza lleva quince años de recortes en personal ―no conviene olvidar este dato― aunque los actuales sean los más salvajes de todos.

        Es obligatorio hacer un inciso para explicar la tendencia endogámica que impera en el hospital. Los jefes prefieren a aquellos médicos que han completado su formación MIR en su propio servicio, en muchos casos por competencia profesional y en otros ―cada vez más frecuentes― por otros motivos diferentes; téngase en cuenta que durante los cuatro o cinco años que dura la residencia, se establecen una serie de lazos ―amistad, intereses comunes e incluso conyugales― que conforman una red invisible que termina atrapando las expectativas laborales y condicionando sobremanera los futuros contratos, hasta el punto de que ya no resulta extraño ver marchar a grandes profesionales en favor de grandes mediocridades. Algunos casos fueron tan escandalosamente descarados que motivaron la denuncia de los perjudicados y, ocasionalmente, de algún sindicato.

En el 2000 ya se hablaba de 'perfiles' como una forma de evitar que a través de la bolsa se colaran profesionales sin formación para un puesto concreto ―lo que podía ser hasta peligroso para la salud pública― y al mismo tiempo para evitar la discrecionalidad de los mandos intermedios. En principio se valoraba en su justa medida el periodo MIR, el tiempo trabajado, la experiencia acumulada y los requisitos académicos y científicos. Progresivamente se han ido introduciendo modificaciones procedimentales que han ampliado el margen de subjetividad del examinador, lo suficiente para compensar y vencer las posibles carencias curriculares de los aspirantes más deseados. 

Con el desembarco definitivo de los tecnócratas y sus escuelas de salud, sus agencias evaluadoras, sus empresas públicas y sus unidades de gestión, se inició el camino hacia la 'excelencia', mediante diferentes sistemas de acreditaciones más centrados en rellenar casillas de requisitos por objetivos políticos que en defender una buena práctica médica: nace así la meritocracia más radical, distorsionadora de la realidad, excluyente y generadora de castas con vocación de mandar y medrar.

La eterna congelación salarial de los médicos (actualmente uno de urgencias gana de sueldo 1109 euros brutos) es el resultado de la decisión de todos los gobiernos andaluces de no pagarles acorde a su responsabilidad; para callarles la boca, inventaron un sistema de incentivos que, a modo de sombras chinescas, se desvanecerán con la jubilación, cuando la luz se apague.

Y por si no bastara, la actual crisis económica ha terminado con lo poco que quedaba, de trabajo y de vergüenza. No es de extrañar, pues, que los perfiles puedan convertirse en una de las herramientas para abonar justificadamente las arbitrariedades administrativas disfrazadas de legitimidad. Y sálvese quien pueda. Como tampoco es impensable que el hijo de un cargo directivo encuentre trabajo, a la primera, en cualquiera de las empresas públicas creadas, incluso que termine dirigiendo alguna de ellas, porque pueden ser un auténtico coladero por el que penetren el enchufismo y el nepotismo más rancios y encuentren cómodo asiento.

        Respecto de la designación de cargos intermedios, pocos podrán demostrar que los procesos selectivos están amañados de antemano. Sin embargo, los más antiguos pueden afirmar haber acertado el resultado, con meses de antelación, en casi el cien por cien de las convocatorias; sorpresas, en los últimos 25 años, las justas. Tanto es así que hay constancia de que más de un profesional, válido y comprometido, ha declinado presentarse a alguna de ellas al saber, sin lugar para la duda, que el pescado ya estaba vendido.

        En no pocas ocasiones tales cargos han supuesto una lanzadera hacia escalafones más altos: de médico, general o especialista, a director de un hospital o de un plan de salud de la Consejería, pasando por una dirección de centro de salud, una jefatura de sección o una de servicio; de enfermero base a alto cargo del SAS a través de una supervisión o una jefatura de bloque. Así funciona el sistema. Y que nadie dude de los méritos acumulados porque cualquiera de ellos podrá esgrimir un alto nivel de carrera profesional y acreditación, con un arsenal de másteres, cursos, jornadas, congresos y publicaciones institucionales. Que para ello han tenido el tiempo suficiente y el apoyo necesario, cuando no la subvención pertinente o la financiación con fondos creados al efecto.


Consideraciones finales

Que nadie se sorprenda ni escandalice con las supuestas irregularidades denunciadas por el diario ABC. Lo que se ve, se oye y se lee es lo que flota sobre la superficie de un océano que esconde celosamente lo que los ciudadanos y los profesionales que los atienden deben y quieren conocer. La capacidad de indignación esta cada vez más mermada porque el sistema posee un potente efecto anestésico sobre la misma, gracias a la propaganda y al mercado de favores. ¿De qué hay que sorprenderse sobre una estructura de poder que basa su legitimidad en la 'libre designación' para los altos cargos, como por ejemplo los de la gerente Cortés y el subgerente Terol[11]? ¿A qué espantarse en un sistema que permite que los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía no hayan salido de una mayoría electoral, o que el vicepresidente actual lo sea con poco más de 400 000 votos de los casi cuatro millones posibles?

        Que nadie se rasgue ahora las vestiduras, por favor.
       







2 comentarios:

  1. La verdad es que cuesta pararse en estas reflexiones, sobre todo para no sufrir. Cuando leo tus artículos en esta linea, casi siempre termino acordandome de la metoclopramida, Primperan por mas señas. Y no me considero parte inocente de estos hechos cotidianos. Por acción u omisión algunos / muchos de nosotros tenemos nuestra responsabilidad, hemos sido adaptables, cómodos, cobardes, derrotistas, conformistas o beneficiados. Aun hoy me viene la reflexión " las cosas han sido así siempre ". Ojalá algún día las cambiemos ( para.mejor ).

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  2. Absolutamente de acuerdo: yo tampoco me considero inocente. Puede servirme de cierta indulgencia el hecho de que mi plaza en el sistema data del 2003, y hasta ese momento sufría la mordaza del contratado. Y cuando escribo este artículo es porque soy conocedor directo del tema, y te confieso que incluso cómplice: en el 2000 fui delegado sindical y después, durante cuatro años, miembro de la Junta Facultativa. Tuve la ocasión de ver las tripas del sistema, tras lo cual me reincorporé a mi puesto laboral (a pesar de estar cobrando mi sueldo íntegro, complementos y prorrateo de guardias, sin hacerlas). Podría contarte bastantes cosas, algunas sorprendentes; solo te diré que un director médico llegó a preguntarme -como sindicalista- varias veces qué persona debía ocupar un determinado cargo intermedio, y por qué no otras: superó la convocatoria el que sabíamos que iba a salir (que en este caso era el mejor posible, en mi opinión). Por tanto, coincido contigo totalmente.

    Gracias por tu comentario y un saludo afectuoso

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