Lo peor de
los trileros es que creen que todos los demás son imbéciles. En plena crisis
sanitaria malagueña, con hospitales colapsados, urgencias superadas,
masificación y demoras, la nueva estrella propagandística del SAS es una aplicación
para teléfonos móviles. Gracias a este adelanto, los pacientes encamados pueden
saber si la comida del hospital les producirá una reacción alérgica. No mire la
fecha de hoy: no es el día de los Santos Inocentes.
FUENTE: EUROPA PRESS
Don Paciente tiene 79 años. Ha dejado por unos días su
pueblo natal para encamarse. Atrás quedaron los gorriones, el susurro del
arroyo y las partidas de dominó. Anda el hombre preocupado por los resultados
de las pruebas que los médicos le están haciendo a causa de un odioso y
pertinaz dolor de cabeza.
Hoy, después de peregrinar varios meses de consulta en
consulta más los dos días en urgencias esperando cama, Don Paciente tiene ante sí
la bandeja con el menú que le ofrece el hospital. Apetitoso, lo que se dice
apetitoso, no se le antoja. Pero lleva sorpresa: una tarjetita con el extraño
dibujo de algo que se parece a un jeroglífico y que es conocido como código QR.
Le explican que su teléfono móvil puede captar la imagen y lo llevará a una página web en la que podrá saber si la comida le dará alergia.
Bandeja con el menú de los hospitales públicos malagueños FUENTE: malagahoy.es
Superados unos segundos de estupefacción, don Paciente,
pragmático y hambriento, decide comérselo todo antes de que se enfríe más de lo
que ya está. Cuestión de prioridades. Además, ni tiene teléfono móvil ni lo necesita ni le interesa lo
más mínimo el tal QR.
Código QR
Y no es que pretenda ser maleducado o desagradecido con el
lumbreras de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición que ha
ideado el invento; ni con la Dirección del hospital que —mediante nota de
prensa— anuncia un logro más de la sanidad andaluza. No es eso, es que no le
gusta la sopa fría.
Web de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición del hospital Carlos Haya de Málaga FUENTE: hospitalregionaldemalaga.es
Mientras lee tales titulares, le viene a la cabeza aquella
tercera sala de observación de urgencias en la que estuvo hasta que le dieron
cama en la planta. Una moderna instalación, terminada hace dos años, que por
fin han tenido que abrir —improvisada y apresuradamente— para poder hacer
frente a la avalancha invernal.
Sala de observación-3 del hospital Carlos Haya de Málaga H.M.
Don Paciente no es usuario digital pero es un tipo listo. Se
pregunta cuál es la importancia del código QR en las comidas del Carlos Haya,
con la que está cayendo. El buen hombre sospecha que los que gestionan el
servicio público que durante tantos años ha pagado quieren distraer su
atención. Y que no van a consumir el mismo menú que él.
Sospecha que son alérgicos, sí. Pero a la vergüenza.
Que Dios nos libre de los defensores porque de los
otros ya nos libraremos nosotros solitos. De una vez por todas: “El Defensor del Paciente” es una
asociación privada. Tan privada como una gestoría, una compañía de seguros
o un bufete de abogados. El nombre de la web se ajusta mucho más a sus
objetivos reales: negligenciasmedicas.com.
Presentación de negligenciasmedicas.com FUENTE: negligenciasmedicas.com
Fue fundada en 1997 por Carmen Flores
López, la actual presidenta. Su hijo Miguel Ángel falleció en 2011 tras una
larga y penosa enfermedad. Cinco años antes, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid había condenado al Servicio Madrileño de Salud a pagarle una indemnización de 12.000 euros, «por quedar tetrapléjico a
causa de una negligencia médica», según el diario ABC.
La familia Ocaña Flores, que había solicitado una compensación económica de 721.214 euros —según elEconomista.es—, interpone un
recurso de casación sobre la «reclamación de responsabilidad patrimonial con
motivo de la asistencia sanitaria» recibida por su hijo. El Tribunal Supremo lo desestima en
sentencia del 19 de octubre de 2011.
El brazo armado de la asociación es su asesor jurídico,
Francisco Damián Vázquez, titular del bufete Vázquez Abogados, que dispone de seis oficinas en toda España; tres
de ellas están en la provincia de Málaga. Este último dato no es azaroso.
Web del bufete Vázquez Abogados FUENTE: vazquezabogados.es
El Vaso Canopo jamás tratará de justificar ni
defender a un solo negligente. Sobre «el descuido, la falta de cuidado y de
aplicación» —que es como el DRAE define la negligencia— se puede escribir
mucho; más de uno se sorprendería de lo cerca que tenemos ese azote de la
profesión médica. Pero hoy no toca.
El pasado 11 de enero el diario malagueño Sur se hacía eco de la “Memoria 2017”,
elaborada por la asociación que preside la señora Flores. Un clásico: «Las urgencias de Carlos Haya, las quintas de España con
más quejas, según el Defensor del Paciente». En
justicia, hay que decir que el titular se ajusta al contenido del documento, y
que en el subtitular se especifica claramente que la fuente es una asociación
privada. Una agencia a la que se le supone un prestigio asentado, como Europa Press, también da la noticia (suponiendo que periodísticamente pueda incluirse
en dicho género). La pregunta es: ¿hay que dar pábulo a negligenciasmedicas.com? ¿Es una fuente
veraz? No, no y no. Es una fuente interesada. Mejor dicho: muy interesada.
Aquel que no es sospechoso de militar en la contumaz orden
del corporativismo médico ni de ser
un acólito compinche de la Consejería de Salud, puede darse el gustazo —sin temor a que le
llamen militante o pelota—, de afirmar que la asociación de Carmen Flores es, o
pretende ser, un elemento de presión mucho más ocupado en obtener indemnizaciones
para sus asociados que en la defensa de la sanidad pública. Y yo lo afirmo.
"El Defensor del Paciente", marca registrada FUENTE: negligenciasmedicas.com
Hay que reconocer que lo del “Defensor del Paciente” tiene tirón porque evoca instituciones
oficiales que defienden (o eso dicen) al ciudadano. De hecho, Carmen ha tenido que patentar el nombre porque hay “defensores” sin copyright que se atreven a competir con ella para compartir la
gloria —dejémoslo en eso— de ser los adalides de la filantropía sanitaria. Como
Amancio Ortega pero sin el glamur de la opulencia. Este blog no contribuirá a tal
ceremonia de la confusión y solo hará referencia al nombre real, negligenciasmedicas.com, que no es lo
mismo que el otro, ni muchísimo menos.
Para los que llevamos más de 20 años denunciando las miserias
del Servicio de Urgencias del Carlos Haya —que no son más que el producto de
las de muchos de los gerentes y directores que ha tenido, y tiene, el hospital—,
la noticia de que somos el quinto peor
de España(como asegura negligenciasmedicas.com) podría servirnos de martillo pilón y rearme
moral para decirle a Susana Díaz y a su coro de grillos y grillas: «ahí tenéis
la prueba, iros ya a tomar… la salida más próxima». Pero ni a la plaga le
preocupa el afrecho ni nosotros somos tan ruinmente oportunistas como ella.
Advertencia del Defensor del Paciente FUENTE: negligenciasmedicas.com
En los 90 este servicio de
urgencias fue pionero en politraumatizados, fibrinolisis en el infarto,
protocolos de muerte cerebral, preparación de los primeros equipos del 061, etc.
Una década prodigiosa que no supimos vender porque despreciábamos el cartón, el
pastel y las posturitas, “dientes, dientes”, para salir bien en la foto. Así
nos ha ido, claro. Aquí, el que no vuela viaja por el espacio y al camarón que
se despista se lo come el pulpo listo. Y pulpos de esos hay a patadas.
La deriva actual hubiera llegado de
cualquier manera porque todos los gerentes y directores se cebaron en contra:
un torpe incompetente es negativo; un torpe incompetente y asustado es una
peste. Y si además se llama Prieto, como el de ahora, los muertos brotan
alarmados y prefieren nuevamente una
muerte nueva a pasar otra noche en urgencias. Los puedo comprender.
Los profesionales que trabajan mucho
y bien en urgencias son legión. Y les duelen en su amor propio titulares como
el del peor servicio de 2016 o el del quinto malo del 2017. Tienen su
corazoncito, como todos. Y escuece más cuando saben que el “defensor” es un
sujeto privado y que el hecho de autodenominarse así no lo hace más grande ni
más guapo ni más verdadero.
Además, a los
trabajadores sanitarios no les agrada que los insulten ni que los amenacen.
Y menos que les partan la cara. Normal, ¿verdad? Pues para negligenciasmedicas.com las condenas por agresiones al personal no
solo «son desproporcionadas y sin pruebas claras», sino que suponen una
situación de «indefensión para los pacientes». Sin comentarios.
Solo hay que leer la Memoria de 2017que publica negligenciasmedicas.com
en su web: un desastre, un nido de gárgolas, una mezcla infame de intereses al
gusto con dos cuencos de ignorancia vestida de domingo y varios granos gruesos
de resentimiento añejo. No hay un solo dato constatable; dice que le llegan
quejas. 500, 600, 700 quejas… Si alguien tiene la curiosidad de llamar al
teléfono de la asociación narrando una supuesta negligencia, comprobará como
una amable joven le solicita el relato por escrito, a través de un correo
electrónico. A partir de ese momento ya hay una queja más, computable para que
en 2018 las urgencias del Carlos Haya vuelvan a ser de las peores.
Es muy curioso el
recurso
que usan para argumentar sus opiniones: «La vida de las personas se pone en
peligro. Juzguen ustedes mismo» [textual]; y a continuación trascriben 30 o 35
titulares de periódicos (pág. 2):
«Mi abuela estuvo más de ocho horas
en los pasillos de urgencias con 96 años y la extremaunción dada». «Un paciente
sordo espera casi siete horas en Urgencias porque le llamaron por megafonía».
Se les ve el
plumero
más de la cuenta. El momento estrella de la Memoria 2017 es la “ronda de
entrevistas” con los partidos políticos más importantes del arco parlamentario (pág. 6);
las tres propuestas fundamentales de negligenciasmedicas.com
son eliminar costes procesales, ampliar el plazo para
reclamar y un nuevo baremo de daño sanitario. La primera de ellas parece
bastante lógica porque Vázquez acaba de perder, el pasado mes de septiembre, un
pleito de forma dolorosa, según la sentencia a la que El Vaso Canopo ha tenido acceso: un informe forense le desmonta una demanda por
520.000 euros y el juez impone las costas procesales a la familia del finado. Vaya
faena. No estaría de más otra asociación defensora, algo así como negligenciasdeabogados.com.
Para realizar un
estudio real
y comparativo sobre la calidad asistencial en los servicios de urgencias son
necesarios muchos más datos que las quejas que reciben Carmen Flores y su
abogado. Muchos más datos y un tratamiento estadístico serio. Sus informes podrán
generar impacto mediático y alarma social. Incluso clientes. Pero solo sirven
para desorientar a la gente y cabrear al personal sanitario.
Con todo, es mucho
peor lo de Jiménez Murillo, director del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias
(PAUE), que solo sabe lo que políticamente le interesa saber y que es el
verdadero artífice del desastre asistencial. Él y su séquito. Y ahí están, de
rositas. Es un trepador de fondo al que nadie le mete mano, cuando debería
estar desde hace tiempo en el Puerto de Santa María, y no precisamente comiendo
langostinos atigrados o patas de cangrejo rey. Este individuo es el responsable
del caos de las urgencias andaluzas.
Jiménez Murillo, director del PAUE FUENTE: Diario Córdoba
Las estadísticas del PAUE están falseadas
en origen, de forma sistemática y planificada. Cualquier organización analiza
sus resultados con rigor y después introduce las medidas correctoras; Jiménez
Murillo y la Consejería corrigen ex ante
la forma de recoger los datos para que los resultados sean los deseados. Por
ejemplo, si políticamente no interesa aceptar que muchas personas van a
urgencias por problemas menores (esto traduce una mala gestión de la atención
primaria), la solución es cambiar el sistema de triaje para que lo que hoy es
leve, mañana sea grave. Asunto resuelto. La primaria funciona y los andaluces hacen
un exquisito uso de sus maravillosos servicios de urgencias. Nada de esto es
cierto: unos lo saben y otros se lo creen. Lo que yo sí sé es que hay muchas
cosas que sé. También sé que otros saben que las sé.
No es bueno, ni conveniente, dar pábulo a
organizaciones como negligenciasmedicas.com.
Sinceramente, no sé si el Servicio de Urgencias del Carlos Haya es el quinto
por la cola. Pero desde luego no lo será por lo que digan unos indocumentados,
en el sentido literal y no peyorativo del término. Hasta que no exista una
entidad independiente, externa y solvente que supervise y registre la atención
sanitaria, estaremos en manos de tunos y de iluminados.
La
sociedad española está enferma. Lo está porque muerde la manzana envenenada que
le ofrece una clase política corrompida, mentirosa e interesada. Si tolerar la
delincuencia institucional del Partido Popular, dándole el voto mayoritario, no
es ya un claro síntoma de disturbio social, la agresiva reacción nacional
frente al conflicto catalán nos sirve en bandeja el diagnóstico de certeza, el
peor de los males que pueda atacar a cualquier sistema democrático: una opinión
pública acrítica, adocenada y depredada por unos medios serviles y
complacientes con las élites poderosas. Sálvese quien pueda. El periodismo ha
de salir del jardín de mascotas y ser de nuevo un perro guardián frente a las
desviaciones del poder.
L
a
historia más reciente de la cuestión catalana arranca con el referéndum de
junio de 2006, en el que se aprueba el nuevo Estatut con un 73 % de votos
favorables. El PP interpone un recurso de inconstitucionalidad, y cuatro años
después ―¡cuatro años después!― el Tribunal Constitucional tumba 14 artículos,
particularmente aquellos referentes a la lengua catalana, a la autonomía del
poder judicial y a las competencias fiscales, además de dejar sin valor
jurídico el término nació, incluido
en el preámbulo (Brunet y Calvet, 2010).
A partir de diciembre de 2011, frente
a una Cataluña indignada, el Gobierno de Rajoy usará la Constitución Española a
modo de maza golpeadora y convertirá los tribunales en sus escudos políticos
frente a las legítimas aspiraciones del poble
catalá. Y esto es lo que hay, nens.
Portadas de El Mundo y La Razón sobre el problema catalán FUENTE: kiosko.net
Un problema político
Ya de entrada, se echa en falta un
análisis elemental por parte de los medios españoles: la Constitución ordena
una democracia pluralista y no militante,
es decir, en este país se puede ser republicano, independentista y abiertamente
contrario a la mismísima Carta Magna. Las sentencias del Constitucional, de
forma reiterada, vienen a decir que se pueden atender las aspiraciones
separatistas «de una parte considerable de la población catalana» mediante una
reforma constitucional (Castellà, 2016). En otras palabras: desde el primer
día, los magistrados advierten al Ejecutivo de que la solución es política y no
judicial. Los principales medios estatales cargan las tintas en la
inconstitucionalidad del Estatut y pasan de puntillas sobre otras consideraciones
jurídicas.
Hacia la confrontación
Al partido del
Gobierno le interesa mucho más la confrontación que la negociación, y necesita el
aval de la opinión pública española. Son malos tiempos: álgidos momentos de
crisis económica para una población castigada con recortes y austeridad. A
Rajoy no le basta con su propio aparato de comunicación institucional, y para
eso está la prensa de Madrid: El País,
El Mundo y ABC demonizan a Artur Mas, lo acusan de perpetrar un desafío
intolerable al orden establecido y encuadran el problema catalán en el marco
del conflicto, sin ahorrarse primeras planas (Ballesteros, 2015). En general,
los medios nacionales presentan el proceso independentista de una forma más
negativa y menos democrática que los periódicos catalanes (Alonso, 2014); recurren a fuentes contrarias a la vía secesionista y emplean de forma característica la
metáfora del “sólido”: una suerte de construcción simbólica que representa una
España monolítica en riesgo de fractura (Martínez
y Álvarez-Peralta, 2017).
Es preciso advertir que la parcialidad
y la distorsión informativa sobre la cuestión soberanista no son exclusivas de
los medios españoles, ni mucho menos: al analizar los contenidos informativos
del Canal 3/24, de la televisión pública catalana, se ponen de manifiesto los encuadres
temáticos descontextualizados y la selección dirigida de las noticias publicadas
(Aparici, 2015), así como en El Punt Avui es posible observar un uso preferencial de fuentes
independentistas (Martínez y Álvarez-Peralta).
Equidistancia proporcional
Una vez hecha esta puntualización, en aras de un cierto equilibrio
expositivo ―más cosmético que instrumental―, me siento obligado a adelantar que
en cualquier análisis de la cuestión catalanoespañola, contemplada desde este
flanco de la frontera, encuentro varios factores que justifican la adopción de una
posición no equidistante o, mejor dicho, de una equidistancia proporcional: hay
2 millones de independentistas, que suponen casi la mitad de los votantes
catalanes en las últimas elecciones, pero son muy minoritarios frente a los 36
millones de electores españoles, entre los que, presumiblemente, los unionistas
ocupan un porcentaje abrumador. Por otro lado, el conflicto catalán es el
choque entre una idea legítima y su negación, también legítima pero en negativo.
En cuanto a la influencia de los medios (prensa, radio y televisión) en
los respectivos espacios públicos, es evidente que los españoles gozan de una
mayor capacidad por su doble difusión, mientras que los catalanes se limitan al
ámbito regional. El hecho, no menos importante, de que el desconocimiento del
idioma catalán sea la norma en el resto del Estado, opera como barrera
insalvable para una información simétrica.
Por último,
el objeto de mi interés es la sociedad española no catalana que, por otra
parte, es de la que tengo conocimiento propio: hablar o escribir sobre lo que
se ignora es tarea de estultos, y no es cuestión de contribuir a engrosar un
colectivo tan lamentablemente numeroso en nuestro país.
El arte de la persuasión
La irrupción del problema catalán en el espacio público español es un excelente campo para el estudio
de los procesos encaminados a moldear la opinión pública de forma favorable a
los intereses políticos de los gobiernos. El fenómeno no es único ni aislado, y
mucho menos nuevo. Recordemos dos casos ilustrativos: en 1916, Woodrow Wilson
es elegido presidente de los EE. UU. tras una campaña contraria a participar en
la Primera Guerra Mundial. La presión de la industria armamentística y las
expectativas de negocio le llevan, un año después, a declarar la guerra a
Alemania. Para obtener la aceptación de la opinión pública norteamericana, se crea
el Comité Creel: a través de la propaganda gubernamental, y en solo dos años,
Creel y Bernays, entre otros, consiguen convertir «una población pacífica en otra histérica y belicista que
quería ir a la guerra y destruir todo lo que oliera a alemán» (Chomsky, 1996).
De forma paralela, y a medida que la Revolución Bolchevique
va tomando cuerpo, se desata una nueva ola persuasiva, ahora anticomunista: el "Primer Miedo Rojo". La gran figura del periodismo norteamericano, Walter
Lippmann, que hasta esos momentos colabora con la propaganda estatal, denuncia
en sus artículos y en su libro Liberty
and the News (1920) la sesgada cobertura que sobre dichos acontecimientos
hace The New York Times,
distorsionando la información (como se cita en Rodríguez, 2012) con noticias que no son más que el vehículo de las
pretensiones y falsedades de una élite contrarrevolucionaria (como se cita en McChesney, 2013).
Este último caso recuerda irremediablemente la campaña
mediática desatada contra los grupos políticos de izquierdas surgidos a partir
del Movimiento 15-M, muchos de ellos identificados con el independentismo
catalán o, cuando menos, con las corrientes favorables al llamado derecho a decidir.
Nacionalismo español
Aunque ahora se les niegue el pan y la sal de una identidad nacional propia, los catalanes siempre
fueron vistos desde el lado español como un pueblo diferente y peculiar, hasta
el punto de llamarlos coloquialmente “polacos”, no sin cierto tonillo
despectivo. La naturalidad con la que la ciudadanía española, en general, asume
desde de 1979 todas las legítimas concesiones y transferencias del Estado hacia
Cataluña, choca de frente con la intolerancia de nuestros días. ¿Qué ha
ocurrido en estos últimos años?
No podemos estar más de acuerdo con la catedrática de
Derecho y declarada enemiga de la independencia de Cataluña, Araceli Mangas, en
que Rajoy rehusó valorar la opción de un acuerdo político en septiembre de 2012,
ocultándose «tras los fiscales, los jueces, el Tribunal Constitucional, el Rey,
la ciudadanía española y los empresarios» (Mangas, 2017). Así ha continuado y
ahí está la raíz del problema: el Gobierno del PP ha elegido el enfrentamiento.
Para
vencer necesita la aprobación popular, como Wilson un siglo antes. Hay que
despertar el sentimiento nacional español, dormido desde el último título de la
Roja, y embarcar a editores y periodistas en la noble tarea de salvar la
sagrada unidad de España, porque Espanya
som tots. Todos los gobiernos, sean democráticos o dictatoriales, necesitan
el consentimiento de los gobernados. Los primeros, al estar limitados en el uso
de la fuerza, se afanan en conseguirlo mediante el control de la opinión
pública: «La propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al estado
totalitario» (Chomsky, 1996, 1998). Rajoy se emplea con ambas.
Los símbolos
Aun sin el águila, la
bandera española arrastra el
pesado lastre de la Dictadura. El imaginario colectivo la asocia con Franco
porque este supo usarla para la propaganda del Régimen. El Gobierno actual ha
retomado la idea apelando a una exhibición masiva que ha salpicado de
rojigualdas el paisaje urbano de media España. En un país en el que el 36 % de
sus ciudadanos confiesa no leer nunca un libro (CIS, 2016), y en el que el
fracaso escolar de sus jóvenes solo es menor que el de los de Malta, dentro de
la UE (Comisión Europea, 2017), cualquier mensaje racional caería en saco roto.
El
símbolo apunta a los sentimientos, atrae emociones y desvía las críticas;
seduce a los hombres y los hace solidarios en torno a él, aunque los lleve al
matadero. Cuando el poder necesita resultados rápidos, controla
las masas a través de símbolos. La
construcción de ese espacio simbólico forma parte de la fabricación del
consenso(Lippmann, 1922). Para
Habermas (1981), este consenso artificial nada tiene que ver con la opinión pública:
los medios se hanconvertido en la
correa de transmisión de poderosas élites, para entretener y dirigir a las
masas. El filósofo y sociólogo alemán advierte del peligro que esto supone para
los sistemas democráticos (como se cita en Boladeras, 2001).
A por ellos
En realidad, los medios españoles no comienzan a tomar en
serio la desconexión catalana hasta el 9 de noviembre de 2015, día en el que el
Parlament aprueba el inicio del proceso. Y no solo los medios nacionales: La Vanguardia publica el día 10 un duro
editorial contra la resolución y anuncia implícitamente el cese de su apoyo
soberanista (Pascual, 2016). Hasta entonces se ha relativizado el fenómeno como
si se tratase de una burbuja propiciada por la crisis, insuflada por las pretensiones
económicas de la clase política catalana y la exaltación de unos cuantos locos
independentistas (Boix, 2017).
El discurso mediático nacional es cada vez más hostil y
estereotipado, enmarcando la cuestión en una guerra justa que los demócratas han
de librar para defender la Constitución, el Estado de derecho y las normas de
convivencia “que todos nos hemos dado”. Causa cierto rubor comprobar cómo con
estos latiguillos, que vuelan de boca en boca, se establece una corriente de
imitación en la que muchos estrenan nuevo vocabulario. “Es la fuerza de la
razón y la ley frente a la barbarie de una minoría que quiere humillar a los
españoles y a los catalanes que no desean la independencia”; el Gobierno
catalán, que representa a esa minoría de 2 millones de personas, es el enemigo único de la propaganda
mecanicista.
Para
terminar de deformar el mensaje, el aparato mediático sumiso califica el procés como un golpe de Estado, y a sus
promotores ―políticos y líderes de organizaciones civiles― unos golpistas que
merecen su escarmiento: el que no está huido, está en la cárcel. En la calle se
palpa el pulso acelerado de un anticatalanismo creciente. No son pocos los que piden
una buena manta de palos: el Gobierno
del PP también les dará ese gusto. Cataluña es ocupada policialmente. A por
ellos.
La Policía Nacional carga contra manifestantes durante el referéndum del 1 de octubre en Cataluña AFP
Un periodismo complaciente
Todo esto ocurre en un entorno informativo dominado por la aparente
normalidad que impone una lógica de causa-efecto. Bajo este esquema de la
realidad, los periodistas, jefes de redacción y editores, atados al poder, a
sus intereses y a sus propios prejuicios ideológicos, seleccionan, elaboran y
publican un sucedáneo informativo (tanto escrito como gráfico) al servicio de
la propaganda política. Al plantearles estas cuestiones, los periodistas
tienden a justificarse en lugar de hacer autocrítica sobre su dependencia del sistema político y la debilidad
frente a presiones económicas. Paradójicamente, hay cierto acuerdo en la
necesidad de mejorar la independencia y el pluralismo del periodismo político
en España (López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2014), lo que se antoja difícil con
la precariedad laboral que sufren muchos y la debilidad económica de los medios.
Las críticas de la prensa y de los medios digitales nacionales
más próximos ideológicamente al Gobierno hacia las subvenciones oficiales de
periódicos catalanes son agrias y constantes, particularmente contra El Periódico de Catalunya, considerado
cercano al proyecto independentista (Llorca, 2016). Una vez más, parcialidad y doble
moral: tanto La Razón de Ansón y
Marhuenda como Libertad Digital de
Jiménez Losantos reciben mucha más publicidad institucional que otros, a pesar
de tener audiencias sensiblemente menores (Ejerique y Sánchez, 2016; Lobo,
2017).
La crisis económica no puede ser el
velo que oculte todas las disfunciones. No es excusa para que el periodismo
español deje de cuestionarse el papel de los medios nacionales en la cada vez
más débil identificación de los adolescentes catalanes con España, e incluso
con la UE en relación a los jóvenes españoles (Wilson-Daily,
Barriga y Prats, 2017). No es argumento para hurtar información sobre los
planteamientos de expertos jurídicos que sí contemplan una reforma constitucional
justa y positivapara todos, en la que Cataluña encajaría sin traumas ni rupturas
(Ramió, 2014).
Los periodistas no deben seguir instalados en el mismo nivel
que los grupos de intereses cuyos voceros dinamitan la convivencia con mensajes
apocalípticos que anuncian la ruina de Cataluña, reducida poco menos que a la
indigencia, sin prestaciones sociales, sin bancos y sin comercios (Bosch y
Nagel, 2015). Son los mismos que celebran la fuga de empresas pero no hablan del
Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de
octubre, «de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos»,
con el que Rajoy facilita la fuga, sin mencionar en el texto a Cataluña para que nadie piense en represalias.
Un cinismo sin parangón. En el resto de España, muchos se frotan las manos
obscenamente.
Real Decreto-ley
15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de
operadores económicos / FUENTE: BOE
En
cuanto a la opinión, frente a la sana obsesión anglosajona de separarla de la
información, el panorama patrio es un popurrí en el que todo vale. A los
consagrados líderes de las grandes cabeceras, viene a unírseles una variopinta pléyade
de políticos, académicos, intelectuales, artistas y expertos, con el
denominador común del no es no a la
independencia. Poco lugar queda para la ecuanimidad en unas páginas de opinión
preñadas de piezas doctrinales, dogmáticas, combativas y apologéticas. Para lo
que sí hay espacio en este flashback
decimonónico es para practicar la agitación, no solo pidiendo el 155
vehementemente, por ejemplo, sino lamentando que su aplicación no sea más
contundente (Trujillo, 2017).
Propaganda moderna
Todas estas asociaciones entre poder político, aparato
mediático y personalidades relevantes con prestigio o simpatía para las masas
están basadas en el mutuo beneficio y de ninguna manera son casuales: es la
propaganda por “simbiosis”. Su máximo exponente es la manifestación unionista
del 8 de octubre en Barcelona, encabezada por el Nobel de Literatura, Vargas
Llosa, y el popular García Albiol. El
País publica íntegro el discurso ultranacionalista español del escritor
peruano, y RTVE transmite las casi tres horas de manifestación con una
producción que se ajusta perfectamente a la teoría de la performance: un evento dramatizado en público, que la
televisión convierte en acontecimiento mediático con el fin de generar un hecho
histórico con el que puedan identificarse las masas (Corrales, 2014). La
imagen es un potente elemento comunicativo, capaz de generar la creencia de que
lo que no sale en pantalla no
existe, y de crear la ilusión de que, por sí sola,
la visión de un acontecimiento «es suficiente para darle todo su significado» (Ramonet,
1998).
Cabecera de la manifestación españolista del 8 de octubre de 2017 en Barcelona FUENTE: elconfidencial.com
De la ancestral fascinación que las
historias provocan en el ser humano nace una sutil pero eficaz propaganda, el storytelling:«el arte de contar historias convertido en el arte de
la manipulación, una nueva arma de distracción masiva que los políticos
utilizan para vender sus mensajes al público» (Salmon, 2008). Algunos autores
señalan que con la narración se camufla la realidad y se atrae la adhesión del
receptor (Gómez y Pérez, 2009). El País,
por ejemplo, usa la metáfora de la relación de pareja entre España y Cataluña,
en la que no hay derecho a la separación; El
Mundo narra un viaje en el que la independencia es un abismo y la nada (Moragas-Fernández y Capdevila,
2017). Este diario publica en claves narrativas la noticia del intento de
quemar una bandera española, colgada de un balcón, en Barcelona: Cristina, la
dueña, es una mujer fuerte, una patriota que sufre un duro golpe a manos de
unos malvados terroristas. Rajoy y Albiol la llaman, se ofrecen para lo que
necesite y lo cuentan en Twitter (EFE
| El Mundo, 2017). En realidad, casi no hubo daños.
Portada del libro Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear
las mentes, de Christian Salmon / FUENTE: Librería Communitas
Punto y seguido
El
21-D confirma los 2 millones de independentistas y es una tremenda bofetada
democrática al Gobierno español: 4 millones de ciudadanos (el 86 % del electorado) quieren al PP
fuera de Cataluña y casi lo expulsan del Parlament. No aceptan la prepotencia
de Rajoy ni los encarcelamientos, los palos de la policía o el golpe del 155.
Tampoco quieren a la CUP. Excepto, quizá, por el apoyo a Arrimadas, el nuevo estandarte
del establishment mediático, podría
afirmarse que l'opinió pública catalana resiste
a la propaganda nacionalista española y a la radical propia. Una admirable
lección democrática, que no es la primera: tengo la convicción de que si no hay
que lamentar ―a día de hoy― grandes desgracias personales, solamente se debe a
la conducta ejemplar de la ciudadanía de Cataluña.
Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU. FUENTE: Díez de Velasco
Al
suroeste, muchos perros rabiosos siguen ladrando. El «rebaño desconcertado» de
Lippmann (1922) o las masas incapacitadas para «dirigir su propia existencia»,
de Ortega y Gasset (1930), son síntomas de un fracaso en cadena del periodismo,
la opinión pública libre y la democracia.
Cuando
el alma mater de la Declaración de
Independencia de los EE. UU., Thomas Jefferson, decía que antes que un gobierno
sin periódicos preferiría periódicos sin gobierno, estaba dando claves para la
tesis del watchdog(Martínez Albertos,
1994), un centinelaque vigila y
denuncia los desmanes de los gobernantes y las fechorías de los perros
facciosos. Frente a estos, el periodismo debe despertar de un profundo sueño y
volver a ser aquel noble perro guardián■
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