Juicio al independentismo

JUICIO AL PROCÉS

Un azote llamado Soraya

HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA

En un solo día Cataluña se convirtió en una autocracia dirigida por Soraya Sáenz de Santamaría, gracias al 155 y a la inmensa cuota de poder que le concedió Mariano Rajoy. No solo tomó las funciones del presidente y del vicepresidente de la Generalitat; se colocó al mando de centros básicos, nodales, para el control militar, comunicativo y social de Cataluña: el CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información), el CESICAT, que viene a ser el centro de Inteligencia de Cataluña, el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y el Centro de Estudios de Opinión.

16 meses después, la que fue reina de Las Ramblas llega al Tribunal Supremo para testificar en el juicio al Procés. El fiscal y la acusación popular, ejercida por los abogados del grupo de extrema derecha, Vox, le dan alas. Ella se gusta y se explaya con el discurso y el relato, de sobra conocidos.

La actitud

Ante las preguntas que le formulan los abogados de los políticos imputados, Sáenz de Santamaría mantiene una actitud arrogante, soberbia, con cierto tono despreciativo. El uso permanente de respuestas evasivas y un discurso premeditadamente institucional, repetitivo y oficialista logra irritar a algunos de los abogados, sobre todo a Xavier Melero, el letrado que defiende al exconseller Joaquim Forn; Melero llega, incluso, a elevar una queja al presidente del tribunal, el juez Marchena, por considerarla una “testigo renuente”, conducta descrita en el Código Penal español.

La actual consejera de Estado no reconoce la mayoría social que aboga por el derecho a decidir mediante un referéndum en Cataluña; de forma despectiva, se refiere a esos millones de ciudadanos como el “producto de muchas encuestas”.

La violencia

En ningún momento asume que hubiera una mínima violencia policial durante la accidentada celebración del referéndum del 1 de octubre. Con un argumentario bien estudiado, cuando no se desmarca culpabilizando a la Generalitat “por su irresponsabilidad”, por permitir la consulta, lo hace apelando a la circunstancia de que las fuerzas de orden público actuaron bajo mandato judicial.

Afirma desconocer el hecho de que por la tarde disminuyó la intensidad y el número de cargas policiales; o bien no seguía los acontecimientos, algo impropio de una vicepresidenta del Gobierno, o bien no quiere reconocer que las fuerzas de seguridad bajaron el nivel de agresividad tras una llamada del conseller de Interior, Joaquim Forn, al delegado del Gobierno para que este diera órdenes de frenar aquella barbarie.

Su indiferencia hacia los más de mil lesionados y heridos por la brutalidad policial roza el límite de la crueldad o de algún desequilibrio en el manejo de la afectividad. Frente a los hechos, constatados, Soraya Sáenz de Santamaría los minimiza y empequeñece, incluso parece cuestionarlos. Con un cuajo sorprendente afirma no haberse interesado por la salud de ninguno de estos heridos, algo que sería esperable de la segunda figura del Gobierno de España.

Sí recuerda, con preocupación, a los 93 policías y guardias civiles lesionados. Y a propósito de este asunto, el abogado de Romeva y Junqueras, Andreu Van Den Eynde, le recuerda su burda mentira cuando declaró,dos días después del 1-O, que había 400 heridos entre las fuerzas de orden público.

Tres momentos que dan que pensar

Esta sesión matutina del 27 de febrero de 2019, brindó tres momentos durante los cuales un sordo rumor de sorpresa sobrevoló la alta techumbre de la Sala Segunda de lo Penal del antiguo monasterio de las Salesas Reales, hoy Palacio de Justicia del Tribunal Supremo.

En respuesta a los abogados de la acusación popular (Vox), Sáenz de Santamaría había afirmado previamente que la decisión del Gobierno de mandar a Cataluña 6.000 policías y guardias civiles se tomó el 22 de septiembre de 2017, a causa de los disturbios que se habían producido en Barcelona dos días antes, durante la famosa jornada del 20-S. Jordi Pina, abogado del encarcelado Jordi Sànchez, le comenta que, sin embargo, consta en autos que el barco Moby Dada, más conocido como "el barco de los piolines" (uno de los tres que se emplearon para albergar a los policías y guardias civiles desplazados a Cataluña), había solicitado su atraque en el puerto de Barcelona el día 19, es decir, tres días antes de que el Gobierno Rajoy decidiera enviar sus huestes a romper urnas y caras. No cuadra. No casa. Lagarto, lagarto.

Crucero Moby Dada (Foto: El Periódico)

Esta incongruencia  podría avalar la tesis de que la decisión de enviar tropas policiales estaba tomada antes de que se produjeran los disturbios del 20 de septiembre y, por supuesto, los del referéndum del 1 de octubre. Discurriendo por este hilo, es factible llegar a la sospecha de que la represión policial en Cataluña era un objetivo planeado y premeditado, independientemente de los acontecimientos futuros. Es decir, que el asunto era “palos o palos”. Puede ser que Soraya se confundiera de pretexto o que no se explicase correctamente ante el abogado de Vox. Pero también es posible lo contrario. En este último caso, la acción del Gobierno podría considerarse como un delito de Estado, de extrema gravedad.

Los otros dos momentos interesantes corren a cargo del letrado Francesc Homs, coordinador de las defensas de los exconsellers del PDeCAT, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Meritxell Borràs. Homs fue portavoz del grupo catalán en el Congreso de los Diputados, conceller de la Presidencia de la Generalitat y portavoz del Govern. Ha estado inhabilitado dos años por un delito de desobediencia por la Consulta del 9-N de 2014.

Homs plantea el hecho de que, después de una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional (TC) —hecha ad hoc en 2015 para  combatir el independentismo—, el Gobierno y el mismo TC tenían herramientas legales para haber actuado antes contra los políticos independentistas, mediante sanciones, multas coercitivas e inhabilitaciones, sin tener que recurrir al artículo 155. La cuestión no es baladí, ya que conduce directamente a la sospecha de que al Gobierno de Rajoy le interesara tensar la cuerda al máximo, esperar acontecimientos y generar la oportunidad de poder intervenir Cataluña, como así fue finalmente.

También a preguntas de la acusación, Sáenz de Santamaría había asegurado tajantemente que durante el mes previo a la aplicación del 155, se produjeron “altercados diarios” en Cataluña, especialmente en Barcelona. Lo que a Francesc Homs le resulta extraordinariamente raro, al preguntarle posteriormente, es que no conozca ni el número de disturbios, ni la magnitud, ni el alcance, ni las denuncias recogidas durante ese mes, sobre todo tratándose de una vicepresidenta del Gobierno con plenos poderes en Cataluña, tras el golpe del 155.

30 días seguidos con disturbios sociales en la calle suelen generar un clima de violencia que trasciende y pasa a la agenda mediática de periodistas de medio mundo. Y es, precisamente, ese clima de enfrentamientos el que apoyaría el relato de la violencia y la acusación de rebelión. Soraya ya mintió el 3 de octubre de 2017 cuando cifró en 400 los policías heridos en el referéndum, cuando en realidad fueron 93, como ella misma ha reconocido.

Sáenz de Santamaría ha sido una de las personas más significadas por su odio a todo lo relacionado con la independencia de Cataluña. Desea muchos años de cárcel para Junqueras, Forn y todos los demás. A nadie puede extrañar que quiera hacer todo lo posible para que las penas sean por rebelión.

Los que quieren ver a los independentistas en la hoguera, y además se muestran seguros de que habrá un severísimo castigo, pueden llevarse una ingrata sorpresa el día del veredicto final. Incluido ese azote llamado Soraya.