Del Tribunal
Supremo a un tablao del Sacromonte
HÉCTOR
MUÑOZ. MÁLAGA
Decimoctava
jornada del proceso judicial contra el independentismo catalán. 19 de marzo de
2019. Tras la declaración del exsubsecretario de Hacienda Félix Martínez Rico, llega
el turno de los guardias civiles: tres que intervinieron en el operativo
del 20-S y un mando del dispositivo del 1-O. Son los cuatro
primeros de 24 agentes de la Guardia Civil solicitados por la Fiscalía esta
semana. Sus nombres no aparecerán en las diligencias ya que
serán identificados solo por su número profesional TIP. Tampoco se
mostrarán sus imágenes en la señal en directo, tal y como ha ordenado el
presidente del tribunal, Manuel Marchena.
El artículo 436
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) cita textualmente: “Si el testigo
fuera miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus
funciones, será suficiente para su identificación el número de su registro
personal y la unidad administrativa a la que está adscrito”. Por tanto, la LEC les
otorga el derecho de testificar sin publicitar sus datos personales,
identificándose con su número de registro profesional.
Sin embargo, el
que se realicen, o no, la grabación y emisión de las imágenes de los guardias
civiles durante sus declaraciones, depende en última instancia del criterio del
tribunal de la Sala, que en esta ocasión, y marcando diferencias con el resto
de testigos, ha concedido el anhelado deseo a los agentes de la Benemérita que lo
han solicitado. Así lo anunciaba a las defensas el juez Marchena: “El Tribunal,
por unanimidad, accede a la petición de los guardias civiles que van a declarar
hoy”.
Según el
presidente del tribunal, esta medida no afecta al principio de contradicción ni
al derecho de defensa; obviamente no era momento para pedirle explicaciones,
con cuatro guardias civiles esperando a responder —más mal que bien— las
preguntas de los abogados defensores.
Por muy lego que
se sea en materia procesal, surgen dos preguntas inmediatas tras el anuncio de
Marchena: ¿por qué la supresión de las imágenes de los agentes no afecta al
principio de contradicción ni al derecho de defensa? ¿Cuáles son los argumentos
jurídicos del tribunal para no permitir la grabación y emisión de dichas imágenes
en este caso concreto, mientras se permitieron las del resto de testigos y, por
supuesto, las de los independentistas encarcelados y encausados?
El magistrado Manuel
Marchena ha estado impecable —a veces
implacable— en las 17 sesiones precedentes. Debería explicar muy bien la
decisión tomada —sin duda lo hará en una de esas resoluciones interminables— si
no quiere iniciar el descenso del descrédito.
Por lo pronto, la
abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, y el letrado que representa a Raül
Romeva y Oriol Junqueras, Andreu Van Den Eynde, han elevado protesta ante el
tribunal por entender que la decisión adoptada puede afectar a la presunción de
inocencia de sus patrocinados.
Para terminar de encontrar
preguntas respecto al deseo de los guardias civiles de no ser grabados, hay
otras dos que caen por maduras: ¿cuáles son las razones de los agentes para no
dar la cara? ¿Qué temen?
Durante sus
declaraciones, la actitud general de los guardias frente a los abogados
defensores es claramente obstruccionista. Además, se muestran hostiles, desafiantes,
soberbios y arrogantes, no solo frente a los abogados, sino también ante el
presidente del Tribunal, que en varias ocasiones ha de amonestarlos,
particularmente al primero de ellos (H11346M), impertinente, insolente,
engreído y pendenciero como pocos.
El juez Marchena ha
tenido que recordarle al segundo en testificar, el número K47019K, que está
bajo juramento y que se apriete los machos como le pillen en perjurio: la
abogada Marina Roig mantiene la afirmación de que dicho guardia civil incurre
en delito de falso testimonio declarando como testigo.
El tercero en
discordia es un sargento, 935979V, al que, con sacacorchos, Van Den Eynde y
Jordi Pina (abogado defensor de Jordi Sànchez) le arrancan respectivamente dos
confesiones que se antojan relevantes para el futuro: el sargento de la Guardia
Civil niega que se produjera ningún asalto a la Conselleria d’Economia el 20 de
septiembre de 2017, y afirma que nadie del equipo judicial, incluido él, sufrió
lesiones durante los registros de ese mismo día en Barcelona.
Para finalizar,
el comandante de la Benemérita número P9654OQ, declarando sobre lo que ocurrió
el día del referéndum del 1 de octubre de 2017, ilustra a la concurrencia en
sede judicial con otro eufemismo orientado a minimizar la manta de palos que
dieron ese día a muchos catalanes pacíficos; según el comandante P9654OQ las
acometidas no eran cargas policiales, no. “Lo que se hacían eran pasillos de
seguridad”. Cachondo el comandante.
Son días en los que
hay más arte en el Supremo que en un tablao del Sacromonte■
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