Opinión: traslados de enfermos

El comodín del paciente

HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA

Cuando la jugada no está clara, un ardid muy socorrido es el de apelar al “beneficio” de los pacientes. Al comodín de los enfermos. Y si el alegato se acompaña de sonoros golpes de pecho, el efecto pretendido puede resultar un hecho irrefutable. Para los que se lo crean, claro está. El Carlos Haya es un hospital «desvertebrado arquitectónicamente», como certeramente lo describe Juan de Dios Colmenero. Un hospital de referencia desgajado en pabellones distantes físicamente —excepto los dos del edificio principal— y un lejano centro de especialidades. Este es el origen del problema que plantea Francisco Dominguez, jefe de urgencias del pabellón C (Hospital Civil), en un bando recientemente enviado al personal facultativo, vía correo electrónico.

El asunto de las derivaciones urgentes desde el Civil al General colea desde hace 30 años. Resultaría tedioso y fuera de lugar relatar los avatares por los que ha pasado esta singular disfuncionalidad. Es más interesante y operativo poner el foco en el presente y en el pasado más reciente.

Casa pobre, casa rica

La sección de urgencias del pabellón C es como una casa pobre. No dispone de pruebas de imagen, como ecografía o TAC. Entre otras razones, porque tampoco goza de la presencia de un radiólogo de guardia. Para tratar una fractura con un yeso cerrado tienen que derivar al paciente al pabellón general, a la casa rica. Entre otros motivos, porque no hay un traumatólogo de guardia. Ni cardiólogo, ni neumólogo, ni cirujanos, ni digestivo, ni hematólogo…

Un cura sí debe haber, porque en 31 años no recuerdo un solo traslado para administrar una extremaunción. También debe haber una UCI, aunque el intensivista prefiere valorar los problemas en el área de urgencias para después trasladar el enfermo crítico a la casa rica, concretamente a urgencias. De oca a oca. Aseguran que es mucho más práctico que ingresarlo en su unidad.

El viaje de ida

La precariedad asistencial y los más de dos kilómetros de distancia obligan a los médicos de urgencias del Civil a trasladar al General todos aquellos enfermos que necesitan cuidados, tratamientos, pruebas o procedimientos que no pueden ser proporcionados allí.

Errores de valoración tenemos todos. Momentos de debilidad, unos más que otros; aun así, en la inmensa mayoría de los casos, esos traslados están plenamente justificados. Mi afirmación es tan rotunda como categórica; los que deseen rebatirla tendrán que lucir en sus hombreras los galones acumulados durante 31 años, 5 meses y 9 días, como mínimo, en la puerta del infierno.

Un asunto bien diferente es que la sobrecarga asistencial pese demasiado y se pretenda sacar punta a muchas de las derivaciones del Hospital Civil, buscándoles el fallo empecinadamente. Se podrá despotricar hasta la afonía, pero de ahí a la verdad, caso por caso, hay un largo trecho. Ignoro si hay estadísticas o estudios al respecto; lo mismo da, porque si existen no son dignos de crédito, habida cuenta de que suelen ser obra de grises pensadores de despacho, tan alérgicos a los enfermos como hábiles para manipular los datos con el ánimo interesado en la obtención del resultado deseado.

No retorno

Nunca ha sido la norma devolver pacientes al Hospital Civil. Hay circunstancias que pueden justificar el retorno, pero son muchas más las que lo desaconsejan. Para los que conocemos el paño, el bando electrónico del jefe de urgencias del pabellón C debe obedecer a algún caso o casos concretos que han terminado enervando al personal del Civil. Y Domínguez, en un rapto de contenida indignación ha decretado que el que va, ya no vuelve. He dicho. Después edulcora un documento sin membrete, introduciendo algunas salvedades que, dicho sea de paso, no son novedosas ni originales.

El hoy mando intermedio, fue medico raso durante muchos años en el servicio de urgencias del pabellón general del hospital Carlos Haya. Siempre fue muy poco receptivo a los traslados, y sus análisis de campo solían concluir negativamente para los facultativos del Hospital Civil que decidían las derivaciones. Como dice la canción, «ya no te acuerdas de cuando comías pescaíto frito con pan». A tenor del reciente bando emitido, y en cuanto a los enfermos devueltos, podríamos aventurar que ni entonces los quería aquí, ni ahora los quiere allí.

Si molestas pueden resultar las formas del escrito, o los ramalazos autoritarios del tonito empleado, lo que más puede irritar a muchos médicos, entre los que me incluyo, son esas apelaciones al bienestar de los pacientes, como si fuera la exclusiva virtud de un nuevo adalid que viene a defenderlos. Quizás ha olvidado que aquí estamos todos para el beneficio y alivio de las personas enfermas. En los traslados y en cada paso que dan dentro del hospital. Dice un refrán español: “Quien no te conozca, que te compre”.

Cuando la jugada es clara bastan las cartas que cada cual tiene. Por suerte, hay muchísimos profesionales de la Medicina que no necesitan usar el comodín del paciente.

Opinión: el nuevo año judicial

VÍDEO: Apertura del Año Judicial 2019-2020: una rancia representación decimonónica

Ni justicia ni vergüenza

HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA

En España, el rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Eso es lo que dice la Constitución. El asunto no es baladí porque lo que viene a decir nuestra Carta Magna es que no puede ser juzgado aunque cometa el peor de los delitos. No es el derecho de pernada de los antiguos señores feudales, pero se le parece mucho. Felipe VI, un fuera de la ley, ha presidido el acto de inauguración del nuevo Año Judicial en la misma sala del Tribunal Supremo en la que han sido juzgados los presos políticos catalanes.

En vísperas de una sentencia —la del Procés— que determinará el porvenir de las libertades en Catalunya y en España, el Poder Judicial se ha dado un baño de gloria y autocomplacencia, plasmado en los discursos de la Fiscal General del Estado, María José Segarra, y del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Si se comparan sus palabras con la realidad y la tozudez de los hechos, en este país no hay ni justicia ni vergüenza.

Nuevo Año Judicial 2019-2020. Está presente lo mejor de cada casa. Una ceremonia rancia, desfasada y con un desagradable olor a naftalina decimonónica. Mujeres y hombres vestidos de negro, luciendo ostentosos collares sobre sus pechos, asienten complacientemente a las palabras de Segarra, primero, y de Lesmes, después.

Felipe VI preside la inauguración del nuevo Año Judicial. En la foto junto a Carlos Lesmes, presidente del TS y del CGPJ

Bailando al ritmo del Poder Ejecutivo

La jefa de los fiscales no ahorra elogios para su ministerio. Olvida, por ejemplo, la inacción de la Fiscalía ante las conspiraciones del exministro Fernández Díaz para socavar la reputación de políticos catalanes, intentando atribuirles delitos inventados. O la inhibición —cuando no una clara obstrucción de las investigaciones— frente a las actividades manifiestamente corruptas de otros muchos políticos del Partido Popular.

Aún debe resonar en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo la denuncia de Jordi Sànchez sobre la extorsión de los fiscales para conseguir declaraciones de culpabilidad a cambio de una rebaja de penas y del fin de la prisión provisional

Los jueces no llevan bien las críticas

Carlos Lesmes comienza su discurso con veladas referencias al Procés y a las manifestaciones de protesta por las resoluciones judiciales. Ataviado con el collar de San Raimundo de Peñafort, catalán por cierto, olvida el magistrado que en este país es legal y legítimo salir a la calle para disentir de las sentencias arbitrarias. Al encomiar la labor de todos sus jueces, Lesmes también olvida el auto de Pablo Llarena denegando la libertad provisional a Joaquim Forn por mantener «su ideario soberanista».

Caso Puigdemont: las bofetadas llegan de Europa

El presidente del TS y del CGPJ se queja en su discurso de «la grave incertidumbre que recientes decisiones judiciales, procedentes de otros estados miembros de la UE, han generado». Lesmes se refiere, sin duda, a los tribunales que, tanto en Bélgica como en Alemania, no han apreciado los elementos suficientes para extraditar al exiliado Carles Puigdemont, entre otros, por un delito —rebelión en España, alta traición en Bélgica y Alemania— cuya esencia radica en el uso de una violencia manifiesta para conseguir sus fines.

El “teorema de la violencia en Catalunya” es parte del relato antiindependentista de los que quieren escarmentar, a toda costa, a los políticos catalanes soberanistas. Y este no es el caso de los jueces belgas y alemanes. El expresident y los otros fugados de la justicia española siguen siendo libres en el resto del mundo, y esto escuece al aparato judicial que preside Carlos Lesmes.

El sonrojante espectáculo de las hipotecas

Lesmes asegura en su discurso que las sentencias de 2017 proporcionaron «seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos, eliminando los abusos en las relaciones privadas». Se ve que el año 2018 no tocaba en esta solemne, rancia y trasnochada ceremonia, una pantomima presidida por Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, inviolable por la gracia de la Constitución Española.

De haber querido hablar del pasado año judicial, Carlos Lesmes tendría que haber explicado qué clase de presiones, políticas y financieras, lograron laxar tan poderosamente a sus juececitos para que suspendieran su propia sentencia al día siguiente de haberla dictado. Se trataba de una sentencia justa y valiente, que cargaba a los bancos determinados gastos hipotecarios, considerados abusivos. Pues bien, 20 días después de suspender el fallo original, los magistrados resolvieron lo contrario: paga el ciudadano.

Así, los paganos seguiremos cargando con gastos y comisiones mientras la banca gana, como siempre, y los especuladores siguen trapicheando con los impagos y las vidas de la gente honrada. Y ahora, que Lesmes vuelva a contarnos lo de la separación de poderes y la independencia judicial en España. Que nos echaremos unas risas.

Reír por no llorar, porque en este país ni hay justicia ni hay vergüenza.

Opinión: alegato final de los acusados por el Procés

VÍDEO: Alegatos de los acusados: la última palabra. Visto para sentencia

Valientes y sin complejos

HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA

Son dos millones de ciudadanos catalanes. Independentistas, pacíficos e irreductibles. En algo menos de dos años han ganado cuatro elecciones consecutivas. Sí, cuatro. La primera fue en pleno incendio del 155, con Catalunya despojada de su autonomía y en manos del aparato estatal español, representado por la virreina Soraya Sáenz de Santamaría. Las dos últimas, tres semanas antes de que los presos independentistas, elegidos democráticamente y despojados por los jueces, cerraran el juicio del Procés con sus alegatos finales. Ganan por goleada.

Varias ideas recurrentes vuelven a sobrevolar la sala del Tribunal Supremo durante la última sesión del juicio montado para decapitar el independentismo catalán. Valientes y sin complejos, los presos políticos soberanistas consiguen emocionar a los que sueñan con una España democrática, sonrojar a los que aún tenían dudas, e irritar a sus propios verdugos.

21 de diciembre de 2017: no estaban muertos

En unas elecciones impuestas por el Gobierno central, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, todos los políticos acusados —en libertad, fugados o encarcelados— son elegidos y obtienen sus escaños. Gana la opción independentista. Uno a cero.

En menos de tres meses

28 de abril de 2019: por primera vez en la historia, el independentismo gana unas elecciones generales en Catalunya y obtiene cinco escaños más de los 17 que ya tenían en el Congreso de los Diputados. Dos a cero.

Tres semanas después, 21 de mayo, Junqueras, Rull, Turull y Jordi Sànchez abandonan sus celdas por unas horas para entrar en el Congreso de los Diputados. Acatan la Constitución «por imperativo legal», «como preso político y por compromiso republicano» (Oriol Junqueras), y «por lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Catalunya» (los otros tres). La bancada conservadora intenta silenciarlos con ruidosos pataleos, en la enésima muestra vergonzante de odio e intolerancia política.

Todo ello le vale al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para buscar el liderazgo de la derecha y «el título de azote del independentismo» (El País). La nueva presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, pone en su sitio al niñato consentido del IBEX 35.

Cinco días más tarde, el 26 de mayo de 2019, el soberanismo gana en Catalunya las municipales y las europeas, con Esquerra Republicana victoriosa en Barcelona y un Puigdemont triunfador, exiliado en Bélgica. Cuatro a cero.

No serán sus últimas palabras

Con tales antecedentes, los reos de conciencia manifiestan sus ideas ante el tribunal que los va a juzgar, los fiscales que los acusan con saña, la Abogacía del Estado que los tilda de sediciosos, la acusación particular de los fascistas de Vox, sus propios abogados defensores y el escaso público que cabe en la sala. Hacen uso de su “derecho a la última palabra” aunque todos sabemos que no callarán defendiendo a ese casi 80% de ciudadanos que anhelan la oportunidad de poder expresar su derecho a decidir el futuro de Catalunya.

El “efecto Pilatos”

Todos los acusados coinciden en la idea de que el problema de fondo, el que los ha llevado al Supremo, es una cuestión política judicializada por el “efecto Pilatos”: las fuerzas conservadoras del nacionalismo español se lavan las manos y dejan la solución en las de los tribunales. Una solución penal en lugar de un acuerdo político.

Una vez más, los soberanistas se quejan amargamente de la cerrazón, de esa permanente negativa del Estado español al diálogo, a buscar soluciones pactadas y a trabajar para propiciar los cambios legislativos necesarios que permitan una consulta popular en Catalunya.

¿Justicia? No. Venganza y escarmiento, sí

No solo es patente la torpeza política del nacionalismo español, que ha conseguido enquistar el asunto catalán. Mucho más inquietante resulta esa ceguera intelectual disfrazada de patriotismo, que pretende —nada más y nada menos— borrar una ideología arraigada desde hace siglos en la memoria colectiva del pueblo catalán.

Todas las miradas apuntan en dos direcciones: al Ministerio Fiscal del Estado español y al juez instructor del caso, Pablo Llarena, magistrado del Supremo. Raül Romeva es claro cuando declara que en este juicio las acusaciones solo han buscado «escarmentar y castigar una ideología», lo que lo convierte en un juicio político, y a sus reos en presos políticos.

Juez Llarena: el regreso de Torquemada

La inquina del juez Llarena, el nuevo Torquemada, babea de sus propios autos judiciales. El magistrado relaciona la ideología independentista de Forn con la previsión de que reincida en los supuestos delitos que se le imputan. Afirma en un auto (en el que le deniega la libertad provisional) que el exconseller «mantiene lógicamente su ideario soberanista», y que «el convencimiento que mantiene posibilita una reiteración del delito que resultaría absurda en quien profese la ideología contraria». Ni siquiera la renuncia de Joaquim Forn a su acta de diputado del Parlament facilita su libertad provisional. ¿Y aún hay quienes dudan de que sean presos políticos, y que están siendo juzgados por sus ideas?

Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional, escribe en eldiario.es: «Lo que mantiene a Forn en prisión, según declara expresamente el Tribunal Supremo, es su ideología. Si eso no es un preso de conciencia, se le parece muchísimo».

Llarena se ha cargado a tres candidatos para presidir la Generalitat: a Carles Puigdemont —con la ayuda del Constitucional—, no autorizando su investidura a distancia; a Jordi Sánchez, no permitiéndole salir de la cárcel para asistir al Parlament; y a Jordi Turull, encarcelándolo por segunda vez antes del segundo pleno de investidura, en el que solo necesitaba mayoría simple para su elección.

Prisión preventiva: recurso para la extorsión

Los dos líderes sociales del movimiento independentista, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, llevan casi dos años en prisión preventiva, los que más. El segundo denuncia en su alegato el «uso y abuso» de la prisión preventiva en España. Y aún va más lejos al afirmar que los fiscales extorsionan a los presos prometiéndoles la puesta en libertad y una rebaja de penas si se declaran culpables. Ni una película sobre mafiosos da para tanto. El diputado electo en el Congreso, actualmente suspendido para sus funciones, cita las numerosas llamadas de Amnistía Internacional en favor de su libertad y la de Cuixart, pero ni este hecho sonroja a Torquemada y compañía.

Reclamaciones y advertencias

La sentencia, prevista para finales de septiembre, va a tener importantes consecuencias políticas. No solo está en juego la libertad de los presos políticos independentistas; están en juego muchos derechos fundamentales para el resto de los ciudadanos, en Catalunya y en España, como la libertad de expresión y la de manifestación. Es más, un fallo acorde al falso relato oficialista de rebelión y sedición puede desencadenar una respuesta ciudadana de vertiginosas consecuencias.

«En este banquillo están sentadas más de dos millones de personas», dice Romeva. Y a tenor de los resultados de las cuatro últimas elecciones en Catalunya, no le falta razón.

Los acusados reclaman al tribunal un trato justo y ecuánime, al tiempo que advierten de la enorme responsabilidad que estos jueces han adquirido tras la judicialización del conflicto, responsabilidad que no es otra que la de no agravar un conflicto político de Estado.

Políticos de un nivel superior

Si se analiza la participación de Zoido, Nieto o Rajoy como testigos de la acusación, la conclusión desapasionada es que los acusados tienen un nivel político, intelectual, de compromiso y de coherencia con sus ideas, que se sitúa a años luz del de la banda nacionalista española. Y además, le echan redaños al asunto. En pleno alegato, que se supone debería pretender la comprensión de los jueces, con un mínimo grado de sumisión o de disculpa, Jordi Turull se reafirma sin medias tintas: «Soy independentista, no lo voy a esconder, lo soy y lo seré».

Pero si alguno de ellos debería tener asegurada la pena máxima, a juzgar solo por su alegato, ese es Jordi Cuixart: «No hay ningún tipo de arrepentimiento. Todo lo que hice, lo volvería a hacer». El presidente de Omnium Cultural hace un valeroso esfuerzo de rebeldía y lealtad a la lucha soberanista, llamando a los catalanes —ante la mismísima cara de jueces y fiscales— para la movilización permanente. Y en esta línea, Jordi Cuixart acaba su intervención con una promesa: «Ho tornarem a fer» («Lo volveremos a hacer»).

Frente a las temerosas evasivas de Rajoy o Soraya, la insultante mediocridad de Zoido o la manifiesta incompetencia de Nieto, estos líderes —políticos y sociales—, encarcelados desde hace casi dos años, lo son de verdad.

Porque, entre otras muchas razones, son valientes y sin complejos.

OPINIÓN: Emigrantes españoles en la UE

Podría ser tu propio hijo

HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA

Limpian, barren o friegan las casas y negocios de los belgas, alemanes, ingleses o escoceses. Venden pollo frito y lavan los platos sucios en los restaurantes. Antes de terminar la jornada salen a tirar la basura de la UE. Con suerte, ingresan unos eurillos más poniendo copas las noches de los fines de semana. Son los cientos de miles de jóvenes emigrantes españoles que se buscan la vida en Europa porque aquí no tienen nada que rascar en el mundo laboral. La mayoría de ellos llega con un título universitario bajo el brazo pero nuestros solidarios socios comunitarios prefieren ofrecerles un buen mocho y una escoba nueva.

Les voyageurs de Bruno Catalano/ Everythingwithatwist  (MARSELLA)

Una paradoja infame

España es la camarera y sirvienta de esa Europa opulenta que viene en sus vacaciones a quemarse en la playa y a ponerse ciega de mollate y garrafón. Si malo es depender del turismo para que el Estado español no caiga en bancarrota, peor es el cruel contrasentido que se produce: mientras más extranjeros llegan a nuestro país para gozar y gastar, más paisanos salen de él para plañir en silencio esa injusta precariedad que se retroalimenta bajo el yugo de una austeridad que ni fue buscada ni fue deseada; una austeridad que bien podría ser el eufemismo de la pobreza en el corazón de Europa.

Servidumbre garantizada

Cuando estos privilegiados súbditos de la UE regresan a Bruselas, Berlín, Londres o Edimburgo, saben que no van a encontrar ni el sol ibérico, ni la playa soñada, ni el amable chiringuito; y mucho menos tinto de verano a cualquier hora o generosos pelotazos a 6 euros. Lo que sí tienen a mano es la servidumbre de muchos jóvenes licenciados españoles, que son emigrantes aquí e inmigrantes allí.

“Maldita la patria que no da de comer a sus hijos”

Muchos de estos emigrantes son los hijos, hijas, nietos y nietas de otros españoles que también se vieron forzados a desarraigar sus orígenes —y su cultura— entre los años 50 y 70 del siglo pasado, en plena dictadura franquista. “Maldita la patria que no da de comer a sus hijos”, decía el abuelo de una de estas chicas a través de videoconferencia. Al menos, el siglo XXI proporciona recursos tecnológicos que les sirven para mitigar el dolor, la soledad y la distancia.

¿Inmigrantes deluxe?

La bofetada de realidad que experimentan es tan sonora para sus conciencias, que les lleva a entender —así lo afirman en diversas entrevistas— la desesperación de los migrantes que surcan el Mediterráneo o cruzan el Rio Grande. Han asumido tan certeramente su estatus real, que no solo se ven reflejados en estos, sino que llegan al punto mismo de rechazar —de forma reflexiva— ese espejismo autocompasivo que se origina en la equivocada idea de que son “inmigrantes vip” por el mero hecho de haber nacido en un país que pertenece a la UE. No, no hay nada de glamour en este asunto, y lo saben.

Ni interés ni intención

Que nadie se trague la falsa letanía política de que el Estado o las comunidades autónomas están trabajando denodadamente para revertir la situación. Al contrario. No tienen interés ni intención. Eso sí, promesas y gestos casi heroicos frente a las cámaras de televisión nunca van a faltar.

Mas, por suerte, vivimos en una nueva era. La Red brinda la oportunidad de conseguir informaciones veraces; solo se necesita una pizca de paciencia en las búsquedas, varios gramos de escepticismo permanente —pero razonable—, y todo el sentido común que el talento de cada cual le permita.

De lejos no se les oye

En el caso que nos ocupa, ni siquiera es necesario tomar demasiada distancia ideológica. Es evidente que tanto al sistema político, como al poder financiero les interesan dos cosas: la primera es que la gente se mueva entre diferentes empleos básicos del sector servicios, con poco tiempo para pensar demasiado y unos ingresos suficientes para vivir cómodamente, sin protestar mucho y sin tener expectativas serias de permanencia y asentamiento. La segunda es que la emigración de estos jóvenes es una válvula de escape frente a la tensión social que pueda generarse por el desempleo, la corrupción y las injusticias palmarias. Y mientras menos españoles piensen, mejor les irá a sus próceres.

La fuga no cesa 

Aún resuenan las manifestaciones de Zapatero encumbrando la economía española, o las de González Pons, años después —ya gobernando el PP—, afirmando sin sonrojo que los que emigraban a la UE estaban “en su país”. Una forma muy sibilina de decir que, en realidad, los que venden pollo frito en los locales de la UE no son emigrantes porque están como en casa. Poca vergüenza es decir casi nada.

   

Han pasado los años, la fuga no ha cesado, el problema se ha enquistado y la opinión pública parece haberlo olvidado. Sin embargo, ahora es raro no encontrar un joven emigrante en cualquier familia. Por ello, mira bien al inmigrante que pasa frente a tu casa. Obsérvalo detenidamente antes de despreciarlo. Podría ser tu propio hijo.

En el fondo, todos somos inmigrantes.

Juicio al Independentismo: Crónica Judicial

Del Tribunal Supremo a un tablao del Sacromonte

HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA

Decimoctava jornada del proceso judicial contra el independentismo catalán. 19 de marzo de 2019. Tras la declaración del exsubsecretario de Hacienda Félix Martínez Rico, llega el turno de los guardias civiles: tres que intervinieron en el operativo del 20-S y un mando del dispositivo del 1-O. Son los cuatro primeros de 24 agentes de la Guardia Civil solicitados por la Fiscalía esta semana. Sus nombres no aparecerán en las diligencias ya que serán identificados solo por su número profesional TIP. Tampoco se mostrarán sus imágenes en la señal en directo, tal y como ha ordenado el presidente del tribunal, Manuel Marchena.

El artículo 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) cita textualmente: “Si el testigo fuera miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, será suficiente para su identificación el número de su registro personal y la unidad administrativa a la que está adscrito”. Por tanto, la LEC les otorga el derecho de testificar sin publicitar sus datos personales, identificándose con su número de registro profesional.

Sin embargo, el que se realicen, o no, la grabación y emisión de las imágenes de los guardias civiles durante sus declaraciones, depende en última instancia del criterio del tribunal de la Sala, que en esta ocasión, y marcando diferencias con el resto de testigos, ha concedido el anhelado deseo a los agentes de la Benemérita que lo han solicitado. Así lo anunciaba a las defensas el juez Marchena: “El Tribunal, por unanimidad, accede a la petición de los guardias civiles que van a declarar hoy”.

Según el presidente del tribunal, esta medida no afecta al principio de contradicción ni al derecho de defensa; obviamente no era momento para pedirle explicaciones, con cuatro guardias civiles esperando a responder —más mal que bien— las preguntas de los abogados defensores.

Por muy lego que se sea en materia procesal, surgen dos preguntas inmediatas tras el anuncio de Marchena: ¿por qué la supresión de las imágenes de los agentes no afecta al principio de contradicción ni al derecho de defensa? ¿Cuáles son los argumentos jurídicos del tribunal para no permitir la grabación y emisión de dichas imágenes en este caso concreto, mientras se permitieron las del resto de testigos y, por supuesto, las de los independentistas encarcelados y encausados?

El magistrado Manuel Marchena ha estado impecable —a veces implacable— en las 17 sesiones precedentes. Debería explicar muy bien la decisión tomada —sin duda lo hará en una de esas resoluciones interminables— si no quiere iniciar el descenso del descrédito.

Por lo pronto, la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, y el letrado que representa a Raül Romeva y Oriol Junqueras, Andreu Van Den Eynde, han elevado protesta ante el tribunal por entender que la decisión adoptada puede afectar a la presunción de inocencia de sus patrocinados.

Para terminar de encontrar preguntas respecto al deseo de los guardias civiles de no ser grabados, hay otras dos que caen por maduras: ¿cuáles son las razones de los agentes para no dar la cara? ¿Qué temen?

Durante sus declaraciones, la actitud general de los guardias frente a los abogados defensores es claramente obstruccionista. Además, se muestran hostiles, desafiantes, soberbios y arrogantes, no solo frente a los abogados, sino también ante el presidente del Tribunal, que en varias ocasiones ha de amonestarlos, particularmente al primero de ellos (H11346M), impertinente, insolente, engreído y pendenciero como pocos.

El juez Marchena ha tenido que recordarle al segundo en testificar, el número K47019K, que está bajo juramento y que se apriete los machos como le pillen en perjurio: la abogada Marina Roig mantiene la afirmación de que dicho guardia civil incurre en delito de falso testimonio declarando como testigo.

El tercero en discordia es un sargento, 935979V, al que, con sacacorchos, Van Den Eynde y Jordi Pina (abogado defensor de Jordi Sànchez) le arrancan respectivamente dos confesiones que se antojan relevantes para el futuro: el sargento de la Guardia Civil niega que se produjera ningún asalto a la Conselleria d’Economia el 20 de septiembre de 2017, y afirma que nadie del equipo judicial, incluido él, sufrió lesiones durante los registros de ese mismo día en Barcelona.

Para finalizar, el comandante de la Benemérita número P9654OQ, declarando sobre lo que ocurrió el día del referéndum del 1 de octubre de 2017, ilustra a la concurrencia en sede judicial con otro eufemismo orientado a minimizar la manta de palos que dieron ese día a muchos catalanes pacíficos; según el comandante P9654OQ las acometidas no eran cargas policiales, no. “Lo que se hacían eran pasillos de seguridad”. Cachondo el comandante.

Son días en los que hay más arte en el Supremo que en un tablao del Sacromonte■

Juicio al independentismo

JUICIO AL PROCÉS

Un azote llamado Soraya

HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA

En un solo día Cataluña se convirtió en una autocracia dirigida por Soraya Sáenz de Santamaría, gracias al 155 y a la inmensa cuota de poder que le concedió Mariano Rajoy. No solo tomó las funciones del presidente y del vicepresidente de la Generalitat; se colocó al mando de centros básicos, nodales, para el control militar, comunicativo y social de Cataluña: el CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información), el CESICAT, que viene a ser el centro de Inteligencia de Cataluña, el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y el Centro de Estudios de Opinión.

16 meses después, la que fue reina de Las Ramblas llega al Tribunal Supremo para testificar en el juicio al Procés. El fiscal y la acusación popular, ejercida por los abogados del grupo de extrema derecha, Vox, le dan alas. Ella se gusta y se explaya con el discurso y el relato, de sobra conocidos.

La actitud

Ante las preguntas que le formulan los abogados de los políticos imputados, Sáenz de Santamaría mantiene una actitud arrogante, soberbia, con cierto tono despreciativo. El uso permanente de respuestas evasivas y un discurso premeditadamente institucional, repetitivo y oficialista logra irritar a algunos de los abogados, sobre todo a Xavier Melero, el letrado que defiende al exconseller Joaquim Forn; Melero llega, incluso, a elevar una queja al presidente del tribunal, el juez Marchena, por considerarla una “testigo renuente”, conducta descrita en el Código Penal español.

La actual consejera de Estado no reconoce la mayoría social que aboga por el derecho a decidir mediante un referéndum en Cataluña; de forma despectiva, se refiere a esos millones de ciudadanos como el “producto de muchas encuestas”.

La violencia

En ningún momento asume que hubiera una mínima violencia policial durante la accidentada celebración del referéndum del 1 de octubre. Con un argumentario bien estudiado, cuando no se desmarca culpabilizando a la Generalitat “por su irresponsabilidad”, por permitir la consulta, lo hace apelando a la circunstancia de que las fuerzas de orden público actuaron bajo mandato judicial.

Afirma desconocer el hecho de que por la tarde disminuyó la intensidad y el número de cargas policiales; o bien no seguía los acontecimientos, algo impropio de una vicepresidenta del Gobierno, o bien no quiere reconocer que las fuerzas de seguridad bajaron el nivel de agresividad tras una llamada del conseller de Interior, Joaquim Forn, al delegado del Gobierno para que este diera órdenes de frenar aquella barbarie.

Su indiferencia hacia los más de mil lesionados y heridos por la brutalidad policial roza el límite de la crueldad o de algún desequilibrio en el manejo de la afectividad. Frente a los hechos, constatados, Soraya Sáenz de Santamaría los minimiza y empequeñece, incluso parece cuestionarlos. Con un cuajo sorprendente afirma no haberse interesado por la salud de ninguno de estos heridos, algo que sería esperable de la segunda figura del Gobierno de España.

Sí recuerda, con preocupación, a los 93 policías y guardias civiles lesionados. Y a propósito de este asunto, el abogado de Romeva y Junqueras, Andreu Van Den Eynde, le recuerda su burda mentira cuando declaró,dos días después del 1-O, que había 400 heridos entre las fuerzas de orden público.

Tres momentos que dan que pensar

Esta sesión matutina del 27 de febrero de 2019, brindó tres momentos durante los cuales un sordo rumor de sorpresa sobrevoló la alta techumbre de la Sala Segunda de lo Penal del antiguo monasterio de las Salesas Reales, hoy Palacio de Justicia del Tribunal Supremo.

En respuesta a los abogados de la acusación popular (Vox), Sáenz de Santamaría había afirmado previamente que la decisión del Gobierno de mandar a Cataluña 6.000 policías y guardias civiles se tomó el 22 de septiembre de 2017, a causa de los disturbios que se habían producido en Barcelona dos días antes, durante la famosa jornada del 20-S. Jordi Pina, abogado del encarcelado Jordi Sànchez, le comenta que, sin embargo, consta en autos que el barco Moby Dada, más conocido como "el barco de los piolines" (uno de los tres que se emplearon para albergar a los policías y guardias civiles desplazados a Cataluña), había solicitado su atraque en el puerto de Barcelona el día 19, es decir, tres días antes de que el Gobierno Rajoy decidiera enviar sus huestes a romper urnas y caras. No cuadra. No casa. Lagarto, lagarto.

Crucero Moby Dada (Foto: El Periódico)

Esta incongruencia  podría avalar la tesis de que la decisión de enviar tropas policiales estaba tomada antes de que se produjeran los disturbios del 20 de septiembre y, por supuesto, los del referéndum del 1 de octubre. Discurriendo por este hilo, es factible llegar a la sospecha de que la represión policial en Cataluña era un objetivo planeado y premeditado, independientemente de los acontecimientos futuros. Es decir, que el asunto era “palos o palos”. Puede ser que Soraya se confundiera de pretexto o que no se explicase correctamente ante el abogado de Vox. Pero también es posible lo contrario. En este último caso, la acción del Gobierno podría considerarse como un delito de Estado, de extrema gravedad.

Los otros dos momentos interesantes corren a cargo del letrado Francesc Homs, coordinador de las defensas de los exconsellers del PDeCAT, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Meritxell Borràs. Homs fue portavoz del grupo catalán en el Congreso de los Diputados, conceller de la Presidencia de la Generalitat y portavoz del Govern. Ha estado inhabilitado dos años por un delito de desobediencia por la Consulta del 9-N de 2014.

Homs plantea el hecho de que, después de una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional (TC) —hecha ad hoc en 2015 para  combatir el independentismo—, el Gobierno y el mismo TC tenían herramientas legales para haber actuado antes contra los políticos independentistas, mediante sanciones, multas coercitivas e inhabilitaciones, sin tener que recurrir al artículo 155. La cuestión no es baladí, ya que conduce directamente a la sospecha de que al Gobierno de Rajoy le interesara tensar la cuerda al máximo, esperar acontecimientos y generar la oportunidad de poder intervenir Cataluña, como así fue finalmente.

También a preguntas de la acusación, Sáenz de Santamaría había asegurado tajantemente que durante el mes previo a la aplicación del 155, se produjeron “altercados diarios” en Cataluña, especialmente en Barcelona. Lo que a Francesc Homs le resulta extraordinariamente raro, al preguntarle posteriormente, es que no conozca ni el número de disturbios, ni la magnitud, ni el alcance, ni las denuncias recogidas durante ese mes, sobre todo tratándose de una vicepresidenta del Gobierno con plenos poderes en Cataluña, tras el golpe del 155.

30 días seguidos con disturbios sociales en la calle suelen generar un clima de violencia que trasciende y pasa a la agenda mediática de periodistas de medio mundo. Y es, precisamente, ese clima de enfrentamientos el que apoyaría el relato de la violencia y la acusación de rebelión. Soraya ya mintió el 3 de octubre de 2017 cuando cifró en 400 los policías heridos en el referéndum, cuando en realidad fueron 93, como ella misma ha reconocido.

Sáenz de Santamaría ha sido una de las personas más significadas por su odio a todo lo relacionado con la independencia de Cataluña. Desea muchos años de cárcel para Junqueras, Forn y todos los demás. A nadie puede extrañar que quiera hacer todo lo posible para que las penas sean por rebelión.

Los que quieren ver a los independentistas en la hoguera, y además se muestran seguros de que habrá un severísimo castigo, pueden llevarse una ingrata sorpresa el día del veredicto final. Incluido ese azote llamado Soraya.

OPINIÓN: PEDRO SÁNCHEZ Y LA CRISIS DE VENEZUELA

Cágala otra vez, Pedro

HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA

En este instante puede estar desatándose una guerra civil en Caracas. Una guerra a la española, con la potencia dominante del momento prestando hierro al bando de los justos. Al mando el cabo chusquero Trump, flanqueado por los 28 de la UE. El presidente del Gobierno español aporta colorido en su papel de majorette estelar.

Todos estos han puesto de moda la idea —propaganda, una vez más— de que el petróleo de Venezuela es un argumento tangencial, casi accidental. Es una cruzada filantrópica por la libertad, la democracia, blablablá. Nunca hubo tanta mediocridad en los dirigentes políticos del mundo, pero el cinismo que manejan es de leyenda.

Juan Guaidó se autoproclama presidente y Estados Unidos lo reconoce oficialmente; a él y «al Gobierno legítimo de Venezuela», en palabras de Donald Trump.

La derecha española vibra al borde del éxtasis. Para Casado y Rivera el referéndum de Cataluña fue un golpe de estado; ahora, lo de Guaidó y su jefe gringo, muy al contrario, es un acto legítimo frente a la pérfida revolución bolivariana y en defensa de la libertad, la democracia, blablablá.

En estas andamos cuando Pedro Sánchez —sibilinamente espoleado por los tiburones de Bruselas— se inviste de glorias lejanas como si fuera el nuevo virrey de las Indias.

—Chicos, esto lo soluciono yo —debió pensar.

Sobrado y con cierta chulería, no se le ocurre otra cosa que dar un ultimátum a Maduro, persona paciente que se distingue por su serenidad templada y reflexiva, como es bien conocido por el mundo entero.

Parecía que tras casi dos años al margen del ruedo, regresaba más hecho, más consistente. Ni por asomo. Ya se lo dijo Joan Tardà en el debate parlamentario de su fallida investidura, año 2016: «Le veo escaso de talla de estadista». A fe que el catalán acertó.

Tan solo cuatro días después de esa bravuconada (que ocasionará muchos problemas a Sánchez y le restará votos), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador —este sí, un gran presidente—, le da un fino repaso en la rueda de prensa conjunta: «Diálogo como primer paso. No se pueden imponer las cosas. No nos corresponde ese papel. Nos debemos conducir con el principio de autodeterminación de los pueblos. Este conflicto deben solucionarlo los venezolanos. La política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Ayudaremos a que se lleve a cabo ese encuentro».

Ahora Catalunya. Cágala otra vez, Pedro.

Opinión: La mató su mano derecha. (La caída de Susana Díaz).

La mató su mano derecha

HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA

Ya es un cadáver político. Con casi un millón de votos y la victoria en las pasadas elecciones, Susana Díaz pasará a la oposición. Presumiblemente habrá bipartito de PP y C’s. No la tumbó la crisis ni la corrupción de los ERE falsos. Ni las mareas ni los adversarios políticos. Ni los enemigos dentro de su propio partido ni la errática gestión de Pedro Sánchez frente al independentismo catalán, como ella pretende. Desde su llegada a la presidencia ha seguido a rajatabla la metáfora evangélica por la que jamás dejó que su mano izquierda supiera lo que hacía su mano derecha. Y esta la mató.

Su comparecencia la noche de las elecciones es un perfecto resumen de la película de sus cinco años de mandato. “Yo he ganado con la confianza mayoritaria de los andaluces”. Aún se cree una ganadora. Prefiere decir que ha perdido un 7% a nombrar los 14 escaños que le han birlado. Habla del descenso de Adelante Andalucía para dar la sensación de que su derrota es la de una izquierda andaluza que ella —y solo ella— lidera. Es solidaria solo cuando pierde.

Quizá lo que más indigne de su discurso —presumiblemente el penúltimo como presidenta— es la insultante ausencia de un mínimo juicio autocrítico. No pierde 14 escaños por sus políticas ni por estrategias equivocadas. No. La culpa es de los que se quedaron en casa y no fueron a votar. Su engreimiento la lleva a satanizar un derecho constitucional tan sagrado como el de votar: el de no votar.

Suma y sigue. Después de cinco años de hacer política de derechas con disfraz de progresista, resurge la camarada Díaz —aquella revolucionaria que con 17 años ingresó en las Juventudes Socialistas— llamando a las barricadas. ¡Que vienen los nacionales! ¡A las barricadas! De momento, a los de VOX no se les ve apaleando rojos ni quemando herejes; han conseguido 388.000 apoyos y 12 escaños en unas elecciones democráticas. Podrá no gustar su ideología —a mí, nada—, podrán temerse sus intenciones, sí, pero a día de hoy sus derechos políticos son tan legítimos como los de los demás. Son las reglas del juego. Agitar el miedo y tocar a rebato es tan anacrónico en estos momentos como los planteamientos de la extrema derecha. Esto va también por los líderes de Adelante Andalucía, más empeñados en mirar a los de VOX que en analizar de una vez por todas qué diantres le pasa a la izquierda española.

No podía faltar el puntito patético en una comparecencia marcada por el demacrado rictus de la insigne trianera. En un desesperado intento para agotar la última posibilidad de volver a gobernar, apela a las conciencias democráticas de los dirigentes del PP y de C’s para que no pacten con los 12 votos de VOX, esa dorada llave para un gobierno bipartito presidido por Moreno. Esto solo puede interpretarse como una nueva maniobra de distracción porque resulta inverosímil la idea de que Susana Díaz esperara que le dijeran: “Sí, Susana, no pactaremos con VOX, es mejor que formes Gobierno con Podemos e IU, nosotros esperaremos”. Las carcajadas de Casado y Rivera aún resuenan en los bajos del Palacio de San Telmo. A esas horas del 2 de diciembre ya estaba todo el pescado vendido.

Pero ella, tan estupenda, tan soberbia y tan del partido —el mismo que prefirió a Pedro Sánchez en las primarias— ya se ha arrogado el noble papel de ser el “dique de contención de la extrema derecha en Andalucía”. Cinco años tuvo para contener banqueros, especuladores, empresarios codiciosos, aristócratas y terratenientes. Y lo único que contuvo fue el gasto social de los servicios públicos indispensables, a costa de sus profesionales y trabajadores.

Y decíamos que sus gobiernos no hicieron política de izquierdas. Y así es. Hicieron política de derechas disfrazada de izquierdas, una gestión conservadora vestida con un cancán de progresía. Maltratar a los profesionales de servicios públicos vitales como educación o salud no es de izquierdas. Inaugurar resonancias magnéticas mientras las mareas blancas estaban en la calle no es nada progresista. Ni novedoso, ya lo hacía Franco con los pantanos. Cantar mil alabanzas sobre los maestros, los enfermeros o los médicos de la Junta y no cubrir sus vacaciones no es muy socialista que digamos. Tejer unas cadenas de mando en las instituciones públicas con cargos —altos e intermedios— sometidos a un curioso proceso de susanización (aquel consistente en no tener ni una mala palabra ni un buen gesto, parafraseando a José María García) no es ni siquiera un comportamiento socialdemócrata.

Permitir que a los ancianos de Andalucía —sobre todo a los menos pudientes y a los más solos— los cuiden durante dos de las 24 horas del día y faldar de vanguardia en Ley de Dependencia no es nada, pero nada izquierdista. Instituir en los centros sanitarios la figura de un enfermero o enfermera  “de enlace” para terminar medicalizando estos problemas sociales, escondiéndolos en los hospitales públicos o en los privados concertados, no es progresista, no.

Y como la peña se está volviendo más pragmática cada día, ha decidido que para una de derechas con chupa roja de cuero, mejor uno de verdad y bien peinadito. La mano izquierda de Susana Díaz solo asomó en cinco años para su propia propaganda política. Nunca supo lo que hacía la otra.

Y fue su mano derecha la que la mató.