Derechos y obligaciones
en el juego
democrático
HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA
Noviembre 2011 (reed. octubre 2016)*
* Escribí este artículo en noviembre del 2011, como un alegato defensor del derecho a no votar y una denuncia de la estigmatización social de muchos abstencionistas ideológicos. Hemos tenido recientemente dos elecciones generales y aún está por ver si no habrá unas terceras, por lo que el artículo cobra actualidad. Es por ello que he decidido reeditarlo en su forma, que no en su contenido.
* Escribí este artículo en noviembre del 2011, como un alegato defensor del derecho a no votar y una denuncia de la estigmatización social de muchos abstencionistas ideológicos. Hemos tenido recientemente dos elecciones generales y aún está por ver si no habrá unas terceras, por lo que el artículo cobra actualidad. Es por ello que he decidido reeditarlo en su forma, que no en su contenido.
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(Serrat, Ciudadano,
1978)
Vayamos por partes. Para empezar, votar no es ningún deber, afortunadamente.
Hasta ahí podíamos llegar. Deberes son, por poner dos ejemplos, pagar los
impuestos y cumplir las leyes, esas que fabrican los elegidos de la mayoría,
algunos de los cuales, por cierto, no hacen ni una cosa ni la otra. Votar es un derecho al que se puede
renunciar libremente; ni es un instante —mucho menos mágico—, ni es un
momento —y mucho menos sagrado—. Elegir una o más papeletas de diferentes
colores, guardarlas en sendos sobres, y meterlas en sus urnas correspondientes
tras enseñar el DNI, no significa decidir ningún futuro. Ni de lejos.
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| "Urna hambrienta" Forges |
¿Acaso todos
los votantes de Felipe González y de su 'No' inicial a la OTAN decidieron entrar
después en la organización militar? ¿O los de Aznar quisieron hacer el ridículo
en las Azores y apoyar una guerra infame? ¿O los de Zapatero rescatar a los
bancos con el dinero de sus impuestos?
Etimológicamente, democracia viene a
significar el gobierno de la mayoría, de los más, del pueblo. Los griegos antiguos lo dejaron tan claro que huelga cualquier adorno
conceptual para estos razonamientos básicos. Hay quien la define como la
dictadura de las masas. Y también podría ser explicada como el sistema por el
que los votantes otorgan permiso a los votados, para que éstos, al final, hagan
lo que crean oportuno, en función de diferentes intereses —no siempre
legítimos— y diversas circunstancias políticas. El hecho de que todos los
candidatos inviten a votar —a quien sea— para evitar la abstención resulta
sospechoso y revelador.
«En amargas colmenas
los clasifican,
donde, tan ignorantes
como ignorados,
crecen y se
multiplican».
(Serrat, Ciudadano,
1978)
No votar es un derecho, tan sagrado como el de hacerlo. Es uno más de los derechos de un estado democrático. Alguien puede no
participar, simplemente porque no le de la gana, tenga otra cosa mejor que
hacer, o le importe poco esta cuestión. Muchos, sin embargo, eligen dicha
opción por convencimiento ideológico. No son pocos los que acumulan ya 29 años
como abstencionistas, después de sentirse vilmente engañados tras las generales
del 82. Durante todos estos años se han ido convenciendo, cada vez más, de lo
acertado de su actitud: no están de acuerdo con el sistema y no participan en
el jueguecito electoral que montan los partidos políticos en su propio
beneficio. Así de sencillo.
Ciudadano Joan Manuel Serrat. 1978
La manida respuesta del «entonces luego no
te quejes», que suelen esgrimir aquellos afectados de
furor democrático, además de absurda y lela, denota ese afán de las masas por sellar
la boca de los que disienten de ella. Igual los que tendrían que callar para
siempre —o al menos durante 4 años— son los que eligen en las urnas, y el
tiempo, con sorna, y a través de los acontecimientos, les demuestra que lo
hicieron mal.
Tres noticias relevantes pueden servir de
ejemplos para la reflexión:
El País, 23 de
septiembre de 2011:
«Los políticos renuncian al control
previo del telediario ante el alud de críticas. Los periodistas exigen
dimisiones en el Consejo de RTVE». «Los trabajadores exigen la dimisión de los consejeros que votaron a
favor (PP, CiU) o se abstuvieron (PSOE, ERC y CC. OO.)».
Es decir, que 'renuncian' a la infamia de
controlar la información de un medio público, consagrada como derecho y
libertad inalienables, en el artículo 20 de la Constitución.
En el Telediario
de RTVE, en su edición de
noche del 15 de noviembre de 2011, Pepa Bueno:
«Hoy
retomamos las entrevistas electorales en el Telediario, en el orden y con la duración proporcionados que establece la
Junta Electoral. Ya saben que el Consejo de Informativos de Televisión
Española discrepa de esta norma y reclama que tanto la información como las
entrevistas electorales se hagan con el criterio profesional de los periodistas
de la televisión pública».
Eso se llama respetar la independencia de
los periodistas, pero todo sea por la democracia que toca unos días cada 4
años.
En El Mundo, 15 de noviembre de 2011:
«Un joven
de Elche se expone a una multa de cárcel tras negarse a ir a una mesa electoral. Adrián Vaíllo se niega a ser
vocal en una mesa electoral y se declara objetor de conciencia electoral, aduciendo que no vivimos en un régimen democrático».
Nada hay nada mejor ni más conveniente que
reprimir a los descarriados que miran a las urnas con recelo.
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| Adrián Vaíllo a la salida de los juzgados de Elche RTVE.es |
Resumiendo, que los mismos que piden el voto
intentan controlar los contenidos informativos de un medio; la derecha apoyando
la idea sin pudor, y la izquierda ¡absteniéndose! O sea, que vale, que no dicen
que no, pero quedan de cine con sus simpatizantes. Y es que encima los toman por imbéciles. Después le toca el turno
a la Junta Electoral —que son los mismos— para imponer sus criterios
por encima de los que saben y tienen la obligación, y la vocación, de dar la
mejor información. Y esos mismos van a ser también los que acaben crujiendo sin
piedad al objetor Vaíllo, al que, con coroza y sambenito, entregarán a la
justicia, para que sea castigado ejemplarmente por no estar de acuerdo con el
sistema y llevar su decisión, de forma coherente, hasta las últimas
consecuencias.
En un país en el
que hasta el servicio militar es, felizmente, voluntario, obligan a la gente a pegarse 12 horas detrás de una urna, cosa que puede
parecer perfecta para aquellos megademócratas esforzados, pero no para los que
disienten en profundidad. Que se han gastado 124 millones de euros, que a las
casas llegan un par de árboles en forma de papel: propaganda, sobres, papeletas
y notificaciones censales.
Pues que tiren de voluntariado,
militantes, convencidos y ciudadanos ejemplares. Y para los puestos que falten en
la cobertura de todas las mesas, que acudan a la larga lista del paro —la que ellos
han generado con su negligencia— y paguen jornada laboral
festiva, comida y horas extraordinarias.
«Para que sigan
especulando
con su trabajo, su
agua, su aire y su calle,
la gente encantadora,
los comediantes
que poco saben de
nada, nada de nadie, y son…
ciudadanos importantes».
(Serrat, Ciudadano, 1978)
Y además, con
mucha cara y muy poca vergüenza.
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