Opinión: Una sentencia y dos escándalos

Una sentencia y dos escándalos

HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA

Nuevo y tremendo ridículo de la justicia del Estado español. El Tribunal de la UE reconoce la condición de eurodiputados para Puigdemont, Comín y Junqueras, y por tanto su inmunidad. Vienen a decir los magistrados de la UE que nuestros juececitos y fiscalitos, en su ciega cruzada antiindependentista, han mantenido a Oriol encerrado injustamente porque, al menos, debería haber salido para recoger su credencial como europarlamentario. Era su derecho, un derecho sagrado, por cierto, en los países verdaderamente democráticos, que no es el caso de Españñññña. Aquí todo eso es de boquilla. Mucha patria y escasas luces.

Y si las hostias no eran suficientes para Llarena y compañía, los jueces belgas acaban de dejar sin efecto las euroórdenes que pesaban sobre los exiliados —sí, exiliados— Carles Puigdemont y Toni Comín para trincarlos y ponerlos en manos del Supremo, que ahí les tienen ganas. Sobre todo al expresident. De momento, ambos pueden ya viajar libremente por los caminos de la UE. Y ambos estarán en Estrasburgo, en el pleno del día 13 de enero, sentados en sus escaños. Tan ricamente.

Y todo ello, a pesar de las escandalosas tretas de las derechas europeas, incluida la patética cartita de C’s al presidente de la Eurocámara, para impedir que los eurodiputados catalanes independentistas, elegidos legítimamente, ocuparan sus escaños. De hecho, les impidieron la entrada. Burdas maniobras de corte mafioso, con el expresidente del Parlamento europeo, el italiano Antonio Tajani, en el centro de la conspiración. Este personaje es muy amigo de Silvio Berlusconi, del que fue fiel correligionario en el partido derechista Forza Italia. De casta le viene al galgo el ser rabilargo.

Al sur de los Pirineos también se cuecen habas. Los ruidosos ladridos de la derecha pueden oírse desde el mismísimo Monte Perdido. Y no lo digo por los de Vox, a los que no suelo dedicarle demasiadas palabras, habida cuenta de la planitud que sufren sus ideas. Deben estar relinchando en su particular neoreconquista.

El que sí ladra, y mucho, es Pablo Casado. Su incompetencia tiene ahora un duro rival para llegar a ser grandiosa: su cinismo. Se ha dedicado estos últimos días a presionar sin mesura a la Abogacía del Estado. Vierte sospechas sobre la institución, luego advierte que no trata de insinuar nada y termina adulando a esos grandes «pofesionales». Lo más sangrante del caso es que olvida que el pasado mes de junio, la Abogacía ya se manifestó favorable a que Junqueras recogiera en Bruselas su acreditación.

Le viene largo todo esto. No es igual ser el pelota del jefe, que el jefe mismo. Le vendría bien desempolvar el uniforme de la OJE y retomar las excursiones, con trote militar y al son de “Caminos de mi España”. A ver si consigue ascender ahí, porque se quedó en flecha.

Se ha mimetizado tanto con los que relinchan, que su discurso es idéntico al de la extrema derecha. En realidad, el PP de Casado y de la marquesa Cayetana es extrema derecha; un flecha y una aristócrata, juntos en la bancada Popular del Congreso. Ni el matrimonio consigue formar una pareja tan pintoresca.

El caso más sorprendente lo protagoniza, sin embargo, Inés Arrimadas. Huérfana de su mentor, se la ve desbocada. Aún no ha digerido la catástrofe del 10-N: En menos de 7 meses, C’s perdió 47 escaños y casi 2,5 millones de votantes. Ahora, con diez diputados sigue creyéndose la reina del mambo. En su delirio presiona a la Abogacía del Estado y propone pactos “de Estado” a Pedro Sánchez. Todavía no se percata de que con lo que tiene no llena ni una tasca de mala muerte.

La portavoz de C’s en el Congreso de los Diputados padece una preocupante dolencia: antiindependentismo obsesivo. Roza lo patológico. Su resentimiento está dibujado en su cara y en cada una de sus poses. La nueva estrategia de esta singular política es sembrar la discordia dentro de las filas del PSOE, llamando a la disidencia de sus militantes y dirigentes, en nombre de una “reacción patriótica”.

Con ese popurrí de desatinos que transitan desordenadamente por su materia gris, debe figurarse una especie de rebelión psoecialista que deponga a Pedro Sánchez. Tras el asalto, a lo Juana de Arco, Inés lo llenará de esa gracia celestial que le ha sido concendida y será redimido de esas tentaciones para pactar con Pablo Iglesias, Gabriel Rufián y esa interminable horda de desalmados que solo quieren romper Españñññña.

Cuando despierte del sueño, seguirá teniendo nueve compañeros de escaños y comprobará que ni los “barones” autonómicos del PSOE, a los que ha apelado compulsivamente todos estos días, le hacen puñetero caso. Salvo Alfonso Guerra, que a la vejez, viruelas. En realidad, no es que a los líderes del PSOE les caiga bien el coletas, no; es que entre el coletas y el flecha no hay color. Al menos, de momento.

Además de ladrar, los perros también saben morder. Si el euroescándalo ocurrió hace unos meses, en tierras de herejes —que diría Pérez-Reverte—, el de la Junta Electoral Central (JEC) lo perpetran en su sede de la Carrera de San Jerónimo, el pasado día 3. Es la tarde previa a la primera sesión de investidura, prevista para la mañana siguiente. A esas alturas ya es público que Sánchez e Iglesias han firmado el acuerdo para un gobierno progresista de coalición, que el PNV votará favorablemente la investidura del líder del PSOE, que ERC se abstendrá para facilitarla y que es más que probable que EH Bildu haga lo mismo.

Las cuentas salen y el Gobierno de coalición de izquierdas tiene todos los visos de realidad. Salvo catástrofe o… acontecimiento inesperado. Sobre las 6 de la tarde aparecen los primeros titulares en los diarios digitales: “la JEC inhabilita a Torra, a pesar de no tener condena firme, y resuelve que Junqueras no puede ser eurodiputado”. Lo hacen sin vaselina pero con una diligencia y una rapidez, que resultan inéditas en la larga historia de la burocracia española, esa que tan brillantemente retrataba Larra en sus artículos, y que a día de hoy sigue vigente a pesar de la Era digital.

Y todo ello a 15 horas de un acontecimiento político crucial y con media España de vacaciones. La JEC estima los recursos interpuestos diez días antes por —¡cómo no!— PP, C’s y Vox para inhabilitar a Torra y despojar a Junqueras de su legítimo escaño en Europa. ¿Tanta prisa había? Y si así era ¿por qué no se hizo antes? Más pistas: de los 13 vocales de la JEC, 8 son magistrados del Tribunal Supremo. Todo queda en casa. Todo va cuadrando.

Se teme la reacción de ERC. La investidura de Sánchez y el Gobierno progresista, vuelven a estar en el aire, pero los republicanos mantienen decididamente su acuerdo, de manera noble y sin ambages. Hoy, que tan de moda está llamar golpe de Estado a cualquier rifirrafe, el president Torra no ha querido ser menos y ha denunciado «la puesta en marcha por el Estado español de un nuevo golpe de Estado contra las instituciones catalanas».

Yo prefiero llamar a estas acciones una felonía más del nacionalismo español, y en este caso no solamente contra el independentismo. El  efecto  buscado es una carambola a tres bandas. La primera, provocar un terremoto político en las filas soberanistas e inducirles a retirar el apoyo a la investidura del candidato Sánchez. Sin presidente no hay coalición, y sin gobierno no hay legislatura. Nos abocarían a unas nuevas elecciones en las que la derecha esperaría recuperar escaños por su tendencia ascendente entre mayo y noviembre, exceptuando la catástrofe de C’s. La segunda consiste en joder más a los catalanes, impedir la acción política de Torra y Junqueras, y desestabilizar aún más al Govern y a otras altas instituciones de Catalunya.

Con todo, la tercera es el objetivo principal, el primum movens. Se trata de evitar a toda costa un gobierno progresista y valiente, que sea capaz de reorganizar los tramos fiscales para que las grandes fortunas y los abultados ingresos de ciertas actividades demasiado desreguladas, contribuyan de manera real, proporcional y progresiva al bienestar común. La manada reaccionaria y todo un aparato judicial que ya está claramente identificado como auténtico poder fáctico, van mucho más allá: no quieren a Pablo Iglesias en el Gobierno de España. Así de simple. Y desprecian con insultos a los representantes en el Congreso de los más de 11 millones de españoles que apoyaron con sus papeletas al PSOE, UNIDAS PODEMOS y a todos los partidos que quieren para este país un gobierno de progreso, diálogo y políticas sociales.

No quieren ni pensar en una derogación de la 'ley mordaza' o de la reforma laboral. ¿Qué más les dará ellos que apaleen y encierren a los jóvenes manifestantes? ¿Qué problema tienen con la esclavitud laboral de millones de jóvenes? ¿Qué les importan las condiciones laborales de profesionales hipercualificados en edades próximas a la jubilación?

De entre todos los analistas políticos que he podido leer, ver o escuchar estos días, ha sido uno de los comentarios del director adjunto del diario La Vanguardia, Enric Juliana, el que define a la perfección el vergonzoso escándalo de la JEC: «Grandes maniobras contra la investidura de Pedro Sánchez: Mecanismos profundos del Estado están intentando boicotear la candidatura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno».

Habrá más sentencias porque en realidad a la oronda derechona no le interesa resolver el conflicto catalán y pretenderá eternizarlo en las instancias judiciales. Habrá más escándalos porque llevan la palabra trampa grabada en su ADN. Crucemos los dedos para que no pongan francotiradores apostados cerca del Congreso. Mañana se despejaran todas estas dudas.