Valientes y sin complejos
HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA
Son dos
millones de ciudadanos catalanes. Independentistas, pacíficos e irreductibles.
En algo menos de dos años han ganado cuatro elecciones consecutivas. Sí,
cuatro. La primera fue en pleno incendio del 155, con Catalunya despojada de su
autonomía y en manos del aparato estatal español, representado por la virreina Soraya Sáenz de Santamaría. Las dos
últimas, tres semanas antes de que los presos independentistas, elegidos democráticamente
y despojados por los jueces, cerraran el juicio del Procés con sus alegatos finales. Ganan por goleada.
Varias ideas
recurrentes vuelven a sobrevolar la sala del Tribunal Supremo durante la última
sesión del juicio montado para decapitar el independentismo catalán. Valientes
y sin complejos, los presos políticos soberanistas consiguen emocionar a los
que sueñan con una España democrática, sonrojar a los que aún tenían dudas, e
irritar a sus propios verdugos.
21 de diciembre de 2017: no estaban muertos
En unas elecciones impuestas por el Gobierno central, mediante
la aplicación del artículo 155 de la Constitución, todos los políticos acusados
—en
libertad, fugados o encarcelados— son elegidos y obtienen sus escaños. Gana la
opción independentista. Uno a cero.
En menos de tres meses
28 de abril de 2019: por primera vez en la historia, el independentismo gana unas elecciones generales en Catalunya y obtiene cinco escaños más de los 17
que ya tenían en el Congreso de los Diputados. Dos a cero.
Tres semanas después, 21 de mayo, Junqueras, Rull, Turull y Jordi Sànchez
abandonan sus celdas por unas horas para entrar en el Congreso de los Diputados. Acatan la Constitución «por imperativo
legal», «como preso político y por compromiso republicano» (Oriol Junqueras), y
«por lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Catalunya» (los
otros tres). La bancada conservadora intenta silenciarlos con ruidosos pataleos, en la enésima muestra vergonzante de odio e intolerancia política.
Todo ello le vale al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para buscar el liderazgo de la derecha y «el título de azote del independentismo» (El País). La nueva presidenta de la
Cámara, Meritxel Batet, pone en su sitio al niñato consentido del IBEX 35.
Cinco días más tarde, el 26 de mayo de 2019, el soberanismo gana en Catalunya las municipales y las europeas, con
Esquerra Republicana victoriosa en Barcelona y un Puigdemont triunfador, exiliado
en Bélgica. Cuatro a cero.
No serán sus últimas palabras
Con tales antecedentes, los reos de conciencia manifiestan sus ideas ante
el tribunal que los va a juzgar, los fiscales que los acusan con saña, la
Abogacía del Estado que los tilda de sediciosos, la acusación particular de los
fascistas de Vox, sus propios abogados defensores y el escaso público que cabe
en la sala. Hacen uso de su “derecho a la última palabra” aunque todos sabemos
que no callarán defendiendo a ese casi 80% de ciudadanos que anhelan la oportunidad de poder expresar su derecho a
decidir el futuro de Catalunya.
El “efecto Pilatos”
Todos los acusados coinciden en la idea de que el problema de fondo, el
que los ha llevado al Supremo, es una cuestión política judicializada por el “efecto Pilatos”: las fuerzas conservadoras
del nacionalismo español se lavan las manos y dejan la solución en las de los
tribunales. Una solución penal en lugar de un acuerdo político.
Una vez más, los soberanistas se quejan amargamente de la cerrazón, de
esa permanente negativa del Estado español al diálogo, a buscar soluciones
pactadas y a trabajar para propiciar los cambios legislativos necesarios que
permitan una consulta popular en Catalunya.
¿Justicia? No. Venganza y escarmiento, sí
No solo es patente la torpeza política del nacionalismo español, que ha
conseguido enquistar el asunto catalán. Mucho más inquietante resulta esa ceguera
intelectual disfrazada de patriotismo, que pretende —nada más y nada menos— borrar una ideología arraigada
desde hace siglos en la memoria colectiva del pueblo catalán.
Todas las miradas apuntan en dos direcciones: al Ministerio Fiscal del
Estado español y al juez instructor del caso, Pablo Llarena, magistrado del
Supremo. Raül Romeva es claro cuando declara que en este juicio las acusaciones solo han buscado «escarmentar y castigar una ideología», lo que lo convierte en un juicio político, y a sus reos en
presos políticos.
Juez Llarena: el regreso de Torquemada
La inquina del juez Llarena, el nuevo Torquemada, babea de sus propios
autos judiciales. El magistrado relaciona la ideología independentista de Forn con la previsión de que reincida en
los supuestos delitos que se le imputan. Afirma en un auto (en el que le
deniega la libertad provisional) que el exconseller «mantiene lógicamente su
ideario soberanista», y que «el convencimiento que mantiene posibilita una
reiteración del delito que resultaría absurda en quien profese la ideología
contraria». Ni siquiera la renuncia de Joaquim Forn a su acta de diputado del
Parlament facilita su libertad provisional. ¿Y aún hay quienes dudan de que
sean presos políticos, y que están siendo juzgados por sus ideas?
Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional y profesor de
Derecho Constitucional, escribe en eldiario.es:
«Lo que mantiene a Forn en prisión, según declara expresamente el Tribunal
Supremo, es su ideología. Si eso no es un preso de conciencia, se le parece
muchísimo».
Llarena se ha cargado a tres candidatos para presidir la Generalitat: a Carles
Puigdemont —con la ayuda
del Constitucional—, no autorizando
su investidura a distancia; a Jordi Sánchez, no permitiéndole salir de la
cárcel para asistir al Parlament; y a Jordi Turull, encarcelándolo por segunda
vez antes del segundo pleno de investidura, en el que solo necesitaba mayoría
simple para su elección.
Prisión preventiva: recurso para la extorsión
Los dos líderes
sociales del movimiento independentista, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, llevan
casi dos años en prisión preventiva, los que más. El segundo denuncia en su alegato el «uso y abuso» de la prisión preventiva en España. Y aún va más lejos al afirmar que los
fiscales extorsionan a los presos prometiéndoles la puesta en libertad y una
rebaja de penas si se declaran culpables. Ni una película sobre mafiosos da
para tanto. El diputado electo en el Congreso, actualmente suspendido para sus
funciones, cita las numerosas llamadas de Amnistía Internacional en favor de su
libertad y la de Cuixart, pero ni este hecho sonroja a Torquemada y compañía.
Reclamaciones y advertencias
La sentencia,
prevista para finales de septiembre, va a tener importantes consecuencias
políticas. No solo está en juego la libertad de los presos políticos
independentistas; están en juego muchos derechos fundamentales para el resto de
los ciudadanos, en Catalunya y en España, como la libertad de expresión y la de
manifestación. Es más, un fallo acorde al falso relato oficialista de rebelión
y sedición puede desencadenar una respuesta ciudadana de vertiginosas
consecuencias.
«En este banquillo están sentadas más de dos millones de personas», dice
Romeva. Y a tenor de los resultados de las cuatro últimas elecciones en
Catalunya, no le falta razón.
Los acusados reclaman al tribunal un trato justo y ecuánime, al
tiempo que advierten de la enorme responsabilidad que estos jueces han
adquirido tras la judicialización del conflicto, responsabilidad que no es otra
que la de no agravar un conflicto político de Estado.
Políticos de un nivel superior
Si se analiza la participación de Zoido, Nieto o Rajoy como testigos de la acusación, la
conclusión desapasionada es que los acusados tienen un nivel político, intelectual, de compromiso y de coherencia con sus ideas, que se sitúa a años luz del de la banda nacionalista española. Y además,
le echan redaños al asunto. En pleno alegato, que se supone debería pretender
la comprensión de los jueces, con un mínimo grado de sumisión o de disculpa,
Jordi Turull se reafirma sin medias tintas: «Soy independentista, no lo voy a
esconder, lo soy y lo seré».
Pero si alguno de
ellos debería tener asegurada la pena máxima, a juzgar solo por su alegato, ese
es Jordi Cuixart: «No hay ningún tipo de arrepentimiento. Todo lo que hice, lo
volvería a hacer». El presidente de Omnium Cultural hace un valeroso esfuerzo
de rebeldía y lealtad a la lucha soberanista, llamando a los catalanes —ante la
mismísima cara de jueces y fiscales— para la movilización permanente. Y en esta
línea, Jordi Cuixart acaba su intervención con una promesa: «Ho tornarem a fer»
(«Lo volveremos a hacer»).
Frente a las temerosas
evasivas de Rajoy o Soraya, la insultante mediocridad de Zoido o la manifiesta
incompetencia de Nieto, estos líderes —políticos y sociales—, encarcelados
desde hace casi dos años, lo son de verdad.
Porque,
entre otras muchas razones, son valientes y sin complejos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario