Ni justicia ni vergüenza
HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA
En España, el rey es inviolable y no
está sujeto a responsabilidad. Eso es lo que dice la Constitución. El asunto no
es baladí porque lo que viene a decir nuestra Carta Magna es que no puede ser
juzgado aunque cometa el peor de los delitos. No es el derecho de pernada de
los antiguos señores feudales, pero se le parece mucho. Felipe VI, un fuera de la ley, ha presidido el acto
de inauguración del nuevo Año Judicial en la misma sala del Tribunal Supremo en
la que han sido juzgados los presos políticos catalanes.
En vísperas de una
sentencia —la del Procés— que
determinará el porvenir de las libertades en Catalunya y en España, el Poder
Judicial se ha dado un baño de gloria y autocomplacencia, plasmado en los
discursos de la Fiscal General del Estado, María José Segarra, y del presidente
del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
Si se comparan sus palabras con la realidad y la tozudez de los hechos, en este
país no hay ni justicia ni vergüenza.
Nuevo Año
Judicial 2019-2020. Está presente lo mejor de cada casa. Una ceremonia rancia,
desfasada y con un desagradable olor a naftalina decimonónica. Mujeres y hombres
vestidos de negro, luciendo ostentosos collares sobre sus pechos, asienten
complacientemente a las palabras de Segarra, primero, y de Lesmes, después.
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| Felipe VI preside la inauguración del nuevo Año Judicial. En la foto junto a Carlos Lesmes, presidente del TS y del CGPJ |
Bailando al ritmo del Poder Ejecutivo
La jefa de los
fiscales no ahorra elogios para su ministerio. Olvida, por ejemplo, la inacción
de la Fiscalía ante las conspiraciones del exministro Fernández Díaz para
socavar la reputación de políticos catalanes, intentando atribuirles delitos
inventados. O la inhibición —cuando
no una clara obstrucción de las investigaciones— frente a las actividades manifiestamente
corruptas de otros muchos políticos del Partido Popular.
Aún debe resonar
en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo la denuncia de Jordi Sànchez sobre la
extorsión de los fiscales para conseguir declaraciones de culpabilidad a cambio
de una rebaja de penas y del fin de la prisión provisional
Los jueces no llevan bien las críticas
Carlos Lesmes comienza su discurso con veladas referencias al Procés
y a las manifestaciones de protesta por las resoluciones judiciales. Ataviado
con el collar de San Raimundo de Peñafort, catalán por cierto, olvida el
magistrado que en este país es legal y legítimo salir a la calle para disentir
de las sentencias arbitrarias. Al encomiar la labor de todos sus jueces, Lesmes
también olvida el auto de Pablo Llarena denegando la libertad provisional a Joaquim Forn por mantener «su ideario soberanista».
Caso Puigdemont: las bofetadas llegan de Europa
El presidente del
TS y del CGPJ se queja en su discurso de «la grave incertidumbre que recientes decisiones judiciales, procedentes
de otros estados miembros de la UE, han generado». Lesmes se refiere, sin duda,
a los tribunales que, tanto en Bélgica como en Alemania, no han apreciado los elementos
suficientes para extraditar al exiliado Carles Puigdemont, entre otros, por un
delito —rebelión en
España, alta traición en Bélgica y Alemania— cuya esencia radica en el uso de
una violencia manifiesta para conseguir sus fines.
El “teorema de la violencia en Catalunya” es parte del relato
antiindependentista de los que quieren escarmentar, a toda costa, a los
políticos catalanes soberanistas. Y este no es el caso de los jueces belgas y
alemanes. El expresident y los otros fugados de la
justicia española siguen siendo libres en el resto del mundo, y esto escuece al
aparato judicial que preside Carlos Lesmes.
El sonrojante espectáculo de las hipotecas
Lesmes asegura en
su discurso que las sentencias de 2017 proporcionaron «seguridad y certeza
jurídica a los ciudadanos, eliminando los abusos en las relaciones privadas». Se
ve que el año 2018 no tocaba en esta solemne, rancia y trasnochada ceremonia,
una pantomima presidida por Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de
Borbón y Grecia, inviolable por la gracia de la Constitución Española.
De haber querido
hablar del pasado año judicial, Carlos Lesmes tendría que haber explicado qué clase
de presiones, políticas y financieras, lograron laxar tan poderosamente a sus
juececitos para que suspendieran su propia sentencia al día siguiente de haberla
dictado. Se trataba de una sentencia justa y valiente, que cargaba a los bancos
determinados gastos hipotecarios, considerados abusivos. Pues bien, 20 días
después de suspender el fallo original, los magistrados resolvieron lo
contrario: paga el ciudadano.
Así, los paganos seguiremos
cargando con gastos y comisiones mientras la banca gana, como siempre, y los
especuladores siguen trapicheando con los impagos y las vidas de la gente
honrada. Y ahora, que Lesmes vuelva a contarnos lo de la separación de poderes
y la independencia judicial en España. Que nos echaremos unas risas.
Reír por no
llorar, porque en este país ni hay justicia ni hay vergüenza.
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