Que nadie se rasgue las vestiduras
Héctor
Muñoz. MÁLAGA
El día 24 de octubre de 2013 el diario ABC
publicaba una noticia sobre el supuesto amaño del examen para optar a una
plaza de Facultativo Especialista de Área (FEA) de Farmacia Hospitalaria en el
Carlos Haya de Málaga.
Los
antecedentes
La
resolución de la
Dirección Gerencia del hospital, de 7 de junio de 2013, anunciaba
la convocatoria pública de dicha plaza, que sería cubierta a tiempo parcial
(jornada laboral al 75%) y de forma temporal, con renovaciones mensuales y una
duración prevista de un año, siempre dependiendo de la «disponibilidad
presupuestaria del centro». En dicho documento se especificaban los requisitos
de los aspirantes y el perfil profesional que debían cumplir para adecuarse a
las características del puesto[1].
En el listado provisional de
aspirantes, publicado el 11 de julio, de catorce candidatos, dos fueron
excluidos por no cumplir los plazos o los requisitos burocráticos; junto a esta
relación se anunciaba la composición de la Comisión de Evaluación, en la que, entre sus tres
vocales, aparecía la directora de la
Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Farmacia del hospital
Carlos Haya, Isabel Muñoz Castillo[2].
De los doce admitidos ―nueve mujeres y tres hombres―, la mitad no se presentó,
por lo que la pugna se dirimió finalmente entre seis profesionales ―cuatro
mujeres y dos hombres.
La resolución definitiva del
proceso, publicada en la web del centro el pasado 27 de septiembre, designó ―a
propuesta de la comisión― a la aspirante con mayor puntuación en la prueba,
María Espinosa Bosch[3].
Por
otra parte, el sindicato CSIF afirma en su web que «siempre ha sospechado de la
transparencia y la objetividad de las convocatorias por perfil», a las que
considera ilegales por no atenerse al pacto de bolsa del SAS; CSIF mantiene que
constituyen una manera encubierta de contratación a dedo en el SAS y que se ajustan a la persona que se quiere
colocar. De hecho, desde 2008
ha impugnado todos estos procesos selectivos[4],
incluyendo el que ha originado esta polémica.
El
contexto
Nada de
lo anterior gozaría de carácter noticioso si no fuera por una serie de
elementos: la designada para el puesto es la hija de un directivo del SAS, Juan
Manuel Espinosa Almendro, que ha sido director del Plan Andaluz de Alzheimer y ―según
noticia publicada en la web del SAS[5]
en abril de 2013― «jefe de servicio de
Estrategias de Salud y coordinador de las Estrategias de Envejecimiento Activo
de la Consejería
de Salud y Bienestar Social»;
este hecho, por sí mismo, tampoco es decisivo, ya que los
hijos de cargos y directivos tienen los mismos derechos ―y obligaciones― que
el resto de ciudadanos, y pueden ser tan brillantes, académica y profesionalmente,
como cualquier otro mortal.
Sin embargo, la filtración
de unos correos electrónicos entre la directora de la UGC y la aspirante,
supuestamente intercambiados entre ambas con anterioridad a la prueba, origina la denuncia mediática de ABC[6],
de la que también se hacen eco diferentes publicaciones informativas digitales[7].
De dicha correspondencia se desprende una inusual familiaridad entre la vocal
de un tribunal y una de las candidatas al puesto ―«Si quieres llámame y hablamos», «Un abrazo», «Muchísimas
gracias por todo»―, una propuesta de la examinanda en relación a las preguntas
del examen y una aprobación de la jefa con un «Ok, está bien». Y aunque esto ―que
goza de innegables visos de veracidad― ya no huele a lavanda, podría ser
redimible si los demás aspirantes hubiesen disfrutado de la misma fluidez en la
comunicación con su futura jefa, posibilidad desconocida, no imposible pero sí
improbable.
Para
cerrar el marco contextual de los acontecimientos habrá que tener muy en cuenta
el actual clima social, hipersensibilizado contra las prácticas corruptas, y la
precariedad laboral de muchos profesionales cualificados; puede que no todos
ellos estén dispuestos a evitar atajos de dudosa legalidad, abandonando su
mochila de valores éticos en la primera cuneta que se les presente; puede
también que los no apadrinados callen para evitar el estigma y, con ello,
futuros males mayores.
Las
reacciones
La
primera de ellas ha sido la del centro hospitalario, que aseguró a ABC
que el proceso selectivo se llevó, cómo no, con «total normalidad y
transparencia», «ajustándose a la legalidad»; según la fuente del hospital, al
día de la fecha no se había recibido ninguna impugnación de la prueba, aunque
CSIF afirma que estaba impugnada desde el mes de junio, tras la publicación de
la resolución. La directora de la
UGC niega orientación alguna de cara al examen a cualquiera
de los aspirantes.
El
25 de octubre, tras conocer la noticia, CSIF interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Málaga por
posible manipulación de la prueba, prevaricación y tráfico de influencias[8].
En
el hospital, inmerso en una pesada atmósfera, mezcla de crispación, resignación
y silencio, las reacciones del personal son de lo más variopintas: desde los
indignados que llaman a guillotina hasta los más comprensivos y bien pensados,
desde los que ni se enteran ni quieren enterarse hasta los que claman por
conocer la autoría de la filtración de los correos electrónicos y dar merecido
escarmiento por traición y violación de la intimidad personal; para estos, como
suele ser costumbre, la cuestión es fulminar al mensajero ―o mensajera.
Comentaba
un jefe de servicio, en privado, la torpeza de la responsable de la UGC de Farmacia por usar su
correo institucional para comunicaciones personales; el cargo citado niega
prácticas de este tipo cuando le ha correspondido decidir en las pruebas por
perfiles en las que ha participado como miembro del tribunal. Defiende el
procedimiento pero admite cierto sesgo de preferencias en todas las
convocatorias, con el único fin de elegir a los mejores para el sistema
sanitario público en todas y cada una de las especialidades: «Si eso es
corrupción, yo soy un corrupto», llegó a decir. Se puede inferir de sus
palabras que lo considera ajustado a ley y que si así no fuere, el sistema
estaría podrido, aunque a su juicio no lo esté.
Un
miembro de la UGC
de Farmacia confesaba días atrás la consternación que la noticia ha provocado
en la unidad y la honda preocupación de su jefa, Isabel Muñoz, cuya defensa ya
está preparada por los servicios jurídicos. Esta misma fuente afirmaba que las
preguntas propuestas eran conocidas por todos los aspirantes y que la
filtración de los correos electrónicos ha sido una sucia maniobra, en forma de
venganza, de una persona que trabajó tiempo atrás en el servicio y que tuvo
algún problema de relación laboral; asegura que en la unidad no tienen dudas de
la autoría, al reconocer la caligrafía de la nota escrita a mano publicada por ABC:
el 'espionaje' se habría producido en Sevilla, concretamente en el hospital
Virgen del Rocío, en el que habrían coincidido la persona delatora con la
elegida para la plaza, María Espinosa.
Cargos
intermedios: un precedente cercano
En
niveles más altos también se cuecen habas. El pasado 27 de junio se publicaba
en BOJA la resolución de la Dirección
Gerencia del SAS, por la que se convocaba la cobertura del puesto de director de la UGC intercentros de Cirugía
General y Digestiva de los hospitales Regional de Málaga Carlos Haya y
Universitario Virgen de la Victoria[9],
un paso más en la hoja de ruta trazada para la unificación de los dos grandes
hospitales de Málaga.
En
ese momento, el único aspirante conocido era el director de la UGC de Cirugía General y Digestiva del
hospital Carlos Haya, Julio Santoyo; del Hospital Clínico no se conocía
candidato, ni se le esperaba, ni llegó a haberlo. A tenor de alguna reunión
previa para tratar el tema de la unificación, como la celebrada cuatro meses
antes de la resolución ―convocada por el subdirector gerente Terol y con
Santoyo como coordinador― la sensación de que la mesa ya estaba puesta para un
único comensal adquiría tintes de certeza.
Es preciso, antes de continuar, acotar
dos circunstancias que hacen de este servicio un nudo estratégico de la
política sanitaria andaluza: las listas de espera y los trasplantes de órganos
(hígado, fundamentalmente, y páncreas). El aumento de aquellas resta votos, la propaganda
de los segundos los proporciona; en cuanto a los trasplantes, tan innegable es
el servicio que prestan a la sociedad como el prestigio y el poder político que
otorgan, sin desmerecer los incentivos económicos que generan, legítimos y
mayores a medida que se asciende por la escala jerárquica.
Pero no todo puede estar bajo control.
La aparición de un segundo aspirante, César Ramírez, cirujano del hospital
Carlos Haya hasta conseguir plaza en el Virgen del Rocío ―centro al que se
incorporó hace unos años tras denegársele una comisión de servicio―, pareció
pillar a contrapié a la administración, a juzgar por la demora en
proporcionarle documentación imprescindible para la elaboración de su proyecto
de gestión. Tanto fue así que dos días hábiles antes de finalizar el plazo
legal para presentar la solicitud, Ramírez tuvo que personarse en las oficinas
acompañado de notario para levantar acta de requerimiento y notificación. En
Sevilla se los habían dado en 24 horas.
Después de ser admitido, reclamó y
denunció por cauces administrativos diferentes irregularidades que, a su juicio,
se habían producido en la composición de la comisión de evaluación. El 27 de
septiembre defendió su proyecto en acto público por ley, con una intervención
que, según testimonios de asistentes al mismo, estuvo plagada de interrupciones
por parte de altos cargos y no pudo ser grabada por expresa prohibición del
equipo de dirección. La resolución definitiva del 30 del mismo mes[10],
designaba a Julio Santoyo Santoyo como director de la UGC ; actualmente hay
interpuesto un recurso de alzada contra dicha resolución, por lo que, de
momento, no parece oportuno abundar en otros muchos datos que se tienen al
respecto.
El
análisis
Hace
veinte años y algunos más, cuando no existía tanta escasez de trabajo ni había
bolsa específica para los médicos del hospital, las contrataciones se hacían
atendiendo al criterio del jefe clínico, que conocía al personal que terminaba
su periodo MIR y que no solía errar en la elección de los más capacitados;
prácticamente siempre se quedaban los mejores, afirmación avalada por el transcurrir
del tiempo y los resultados obtenidos. Como por otro lado, los que no se
quedaban no tenían grandes problemas para encontrar trabajo fuera, todos tan
contentos. Cada mochuelo a su olivo.
A finales de los noventa la cosa comenzó
a torcerse; la demanda asistencial creciente no se acompañó proporcionalmente
de las contrataciones necesarias y el sistema empezó a chirriar. La sanidad
andaluza lleva quince años de recortes en personal ―no conviene olvidar este
dato― aunque los actuales sean los más salvajes de todos.
Es obligatorio hacer un inciso para
explicar la tendencia endogámica que impera en el hospital. Los jefes prefieren
a aquellos médicos que han completado su formación MIR en su propio servicio,
en muchos casos por competencia profesional y en otros ―cada vez más frecuentes―
por otros motivos diferentes; téngase en cuenta que durante los cuatro o cinco
años que dura la residencia, se establecen una serie de lazos ―amistad, intereses
comunes e incluso conyugales― que conforman una red invisible que termina
atrapando las expectativas laborales y condicionando sobremanera los futuros
contratos, hasta el punto de que ya no resulta extraño ver marchar a grandes
profesionales en favor de grandes mediocridades. Algunos casos fueron tan
escandalosamente descarados que motivaron la denuncia de los perjudicados y,
ocasionalmente, de algún sindicato.
En el 2000 ya se hablaba de
'perfiles' como una forma de evitar que a través de la bolsa se colaran
profesionales sin formación para un puesto concreto ―lo que podía ser hasta
peligroso para la salud pública― y al mismo tiempo para evitar la
discrecionalidad de los mandos intermedios. En principio se valoraba en su
justa medida el periodo MIR, el tiempo trabajado, la experiencia acumulada y
los requisitos académicos y científicos. Progresivamente se han ido
introduciendo modificaciones procedimentales que han ampliado el margen de
subjetividad del examinador, lo suficiente para compensar y vencer las posibles
carencias curriculares de los aspirantes más deseados.
Con el desembarco definitivo de los
tecnócratas y sus escuelas de salud, sus agencias evaluadoras, sus empresas
públicas y sus unidades de gestión, se inició el camino hacia la 'excelencia',
mediante diferentes sistemas de acreditaciones más centrados en rellenar
casillas de requisitos por objetivos políticos que en defender una buena
práctica médica: nace así la meritocracia más radical, distorsionadora de la
realidad, excluyente y generadora de castas con vocación de mandar y medrar.
La eterna congelación salarial de
los médicos (actualmente uno de urgencias gana de sueldo 1109 euros brutos) es
el resultado de la decisión de todos los gobiernos andaluces de no pagarles
acorde a su responsabilidad; para callarles la boca, inventaron un sistema de
incentivos que, a modo de sombras chinescas, se desvanecerán con la jubilación,
cuando la luz se apague.
Y por si no bastara, la actual
crisis económica ha terminado con lo poco que quedaba, de trabajo y de
vergüenza. No es de extrañar, pues, que los perfiles puedan convertirse en una
de las herramientas para abonar justificadamente las arbitrariedades
administrativas disfrazadas de legitimidad. Y sálvese quien pueda. Como tampoco
es impensable que el hijo de un cargo directivo encuentre trabajo, a la primera,
en cualquiera de las empresas públicas creadas, incluso que termine dirigiendo
alguna de ellas, porque pueden ser un auténtico coladero por el que penetren el
enchufismo y el nepotismo más rancios y encuentren cómodo asiento.
Respecto de la designación de cargos
intermedios, pocos podrán demostrar que los procesos selectivos están amañados
de antemano. Sin embargo, los más antiguos pueden afirmar haber acertado el
resultado, con meses de antelación, en casi el cien por cien de las
convocatorias; sorpresas, en los últimos 25 años, las justas. Tanto es así que
hay constancia de que más de un profesional, válido y comprometido, ha
declinado presentarse a alguna de ellas al saber, sin lugar para la duda, que
el pescado ya estaba vendido.
En no pocas ocasiones tales cargos han
supuesto una lanzadera hacia escalafones más altos: de médico, general o
especialista, a director de un hospital o de un plan de salud de la Consejería , pasando por
una dirección de centro de salud, una jefatura de sección o una de servicio; de
enfermero base a alto cargo del SAS a través de una supervisión o una jefatura
de bloque. Así funciona el sistema. Y que nadie dude de los méritos acumulados
porque cualquiera de ellos podrá esgrimir un alto nivel de carrera profesional
y acreditación, con un arsenal de másteres, cursos, jornadas, congresos y
publicaciones institucionales. Que para ello han tenido el tiempo suficiente y
el apoyo necesario, cuando no la subvención pertinente o la financiación con
fondos creados al efecto.
Consideraciones
finales
Que
nadie se sorprenda ni escandalice con las supuestas irregularidades denunciadas
por el diario ABC. Lo que se ve, se oye y se lee es lo que flota sobre
la superficie de un océano que esconde celosamente lo que los ciudadanos y los
profesionales que los atienden deben y quieren conocer. La capacidad de
indignación esta cada vez más mermada porque el sistema posee un potente efecto
anestésico sobre la misma, gracias a la propaganda y al mercado de favores. ¿De
qué hay que sorprenderse sobre una estructura de poder que basa su legitimidad en
la 'libre designación' para los altos cargos, como por ejemplo los de la
gerente Cortés y el subgerente Terol[11]?
¿A qué espantarse en un sistema que permite que los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía no hayan
salido de una mayoría electoral, o que el vicepresidente actual lo sea con poco
más de 400 000 votos de los casi cuatro millones posibles?
Que nadie se rasgue ahora las
vestiduras, por favor.
La verdad es que cuesta pararse en estas reflexiones, sobre todo para no sufrir. Cuando leo tus artículos en esta linea, casi siempre termino acordandome de la metoclopramida, Primperan por mas señas. Y no me considero parte inocente de estos hechos cotidianos. Por acción u omisión algunos / muchos de nosotros tenemos nuestra responsabilidad, hemos sido adaptables, cómodos, cobardes, derrotistas, conformistas o beneficiados. Aun hoy me viene la reflexión " las cosas han sido así siempre ". Ojalá algún día las cambiemos ( para.mejor ).
ResponderEliminarAbsolutamente de acuerdo: yo tampoco me considero inocente. Puede servirme de cierta indulgencia el hecho de que mi plaza en el sistema data del 2003, y hasta ese momento sufría la mordaza del contratado. Y cuando escribo este artículo es porque soy conocedor directo del tema, y te confieso que incluso cómplice: en el 2000 fui delegado sindical y después, durante cuatro años, miembro de la Junta Facultativa. Tuve la ocasión de ver las tripas del sistema, tras lo cual me reincorporé a mi puesto laboral (a pesar de estar cobrando mi sueldo íntegro, complementos y prorrateo de guardias, sin hacerlas). Podría contarte bastantes cosas, algunas sorprendentes; solo te diré que un director médico llegó a preguntarme -como sindicalista- varias veces qué persona debía ocupar un determinado cargo intermedio, y por qué no otras: superó la convocatoria el que sabíamos que iba a salir (que en este caso era el mejor posible, en mi opinión). Por tanto, coincido contigo totalmente.
ResponderEliminarGracias por tu comentario y un saludo afectuoso